Exigen la dimisión de Quiñones y el consejero se defiende: «Es mi obligación»

El Grupo Socialista y el procurador de Podemos Pablo Fernández exigieron de nuevo la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras los incendios forestales de este verano, mientras él enmarcó las críticas en la labor de la oposición y en la proximidad de las elecciones autonómicas. «Van al máximo aunque no se lo creen», dijo y defendió que está «legitimado» para acometer los cambios en la estructura del operativo. «Es mi obligación», dijo.

Suárez-Quiñones negó que esté dispuesto a dimitir para facilitar la convalidación de los dos decretos ley de mejora del operativo y simplificación administrativa, que llegarán al pleno de las Cortes a finales de este mes, como sugirió Pablo Fernández (Unidas Podemos), durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda para presentar el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 en lo relativo a su departamento y la Fundación del Patrimonio Natural y Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León).

En ese sentido, el consejero insistió en que debe ejercer «su responsabilidad« y acometer las reformas previstas en el operativo de incendios para hacerlo público y permanente, y consideró que las palabras del PSOE están más cerca de la «mentira» y la »manipulación« que de la «verdad». Además, reiteró su sentimiento de «consternación», «dolor» y «frustración» ya que señaló «no pudieron dar otro resultado mejor» durante este verano y defendió su política de «acción reacción».

Igualmente, señaló que se desplegó el «mayor operativo» de la Europa reciente ante tres semanas de agosto de unas circunstancias «excepcionales» que situaron los incendios -dijo- «fuera de la capacidad de extinción». «Cuando se pudo intervenir se apagaron», dijo ya que negó que la lluvia sofocaran las llamas, sino el operativo de 4.720 personas de la Junta y los medios del Gobierno, que insistió también interviene con medios aunque la dirección técnica la tenga la Comunidad.

Asimismo, Suárez-Quiñones respondió a los grupos de la oposición que hubo 348 incendios en tres semanas, 65 en León, y criticó su «silencio» con los fuegos provocados, ya que señaló eso no es un «buen arma» para paliar una actividad «criminal». También defendió el modelo mixto de Castilla y León, no algo «inventado» u «horrible». No obstante, defendió que en 2022 iniciaron con el diálogo social el cambio de paradigma, a pesar del «huracán de la izquierda», que ha hecho pasar de los 65 millones de inversión de ese año a los 122 de este y los 160 para el próximo.

Previamente, el socialista Miguel Hernández aseguró que asistían con «bochorno» a la comparecencia de Suárez-Quiñones, ya que señaló debería haber sido cesado, tras ser «reprobado» por las Cortes y, a su juicio, por la sociedad. En su opinión, los presupuestos para medio ambiente son «indolentes» e «insuficientes», «un puro cuento», y señaló que demuestran la falta de planificación y medios o la «improvisación» en la lucha contra incendios. «Menos fotos y más cortafuegos», dijo.

También, el procurador Pablo Fernández tildó de «paripé» la intervención de Suárez-Quiñones ya que dudó de que las cuentas se vayan a aprobar y arremetió contra el consejero quien consideró debería haber dimitido como responsable de los incendios de este verano. En su opinión es una «vergüenza» que siga en su cargo y planteó si estaría dispuestos a dejarlo para facilitar la convalidación de los dos decretos ley sobre mejoras en el operativo de incendios.

En la misma línea, el portavoz socialista consideró que la actuación de la Junta en materia de vivienda ha generado «mucho ruido y pocas nueces», mientras Pablo Fernández censuró que sólo se destine el 0,87 por ciento de los fondos a este área, lo que ha hecho de Castilla y León una comunidad en la que señaló «no hay quien viva».

Sin embargo, el consejero defendió la política «inteligente» de la Junta, basada en la construcción y las ayudas, que señaló no dejan a nadie sin cobertura, a diferencia de lo que hace el Gobierno. Además, advirtió de que allí donde se genera «miedo», los propietarios retiran las casas del mercado y, como ejemplo, puso a Cataluña, donde señaló se ha comprobado el «fracaso» de intervenir en la fijación de precios.

Desigualdad y hechos

En nombre de Soria Ya, Vanessa García Macarrón denunció la «desigualdad» presupuestaria de la Consejería y criticó que a 30 de septiembre sólo haya ejecutado un 43 por ciento de las partidas, por lo que señaló el problema no es el «dinero», sino la «gestión». Además, consideró «decepcionante» que sólo se contemplen 13 millones de inversión para su provincia y criticó el catálogo de promesas incumplidas, como las 279 viviendas prometidas para Ólvega, mientras sigue sin recuperarse la avioneta del Amogable. «No queremos oír vamos a hacer, queremos oír hemos hecho», sentenció.

Sin embargo, el consejero defendió que el acervo normativo de la Junta es bastante amplio y consideró que la «diarrea legislativa» es lo contrario a la «eficacia y eficiencia». Además, atribuyó a la «transferencia tardía» de fondos por parte del Gobierno que no se hayan ejecutado algunos fondos. También, destacó el «compromiso con Soria de 443 viviendas» y reconoció que disponen de cuatro viviendas terminadas en San Pedro Manrique que nadie solicita.

Continuidad y titulares

El representante de Vox Juan Antonio Palomar aseguró que los presupuestos están diseñado para mantener las costas «tal y como están», una «continuidad» que señaló conduce a la «expulsión silenciosa de miles de familias». De esta forma criticó la apuesta por el «alquiler subvencionado» en lugar de la propiedad y censuró que se dediquen fondos a los sindicatos y patronal o campañas ambientales, mientras se renuncia recuperar «vida donde ya hubo vida«. También denunció el «fracaso» de la prevención de incendios y advirtió de que un monte abandonado es un «polvorín». «Castilla y León no necesita más titulares, necesita resultados reales», dijo.

Suárez-Quiñones, sin embargo, lamentó que Vox cuestione ahora las políticas de vivienda, cuando las apoyaba mientras gobernaban en coalición la Junta con el PP. Además, rechazó las críticas a los acuerdos del diálogo social en materia ambiental y al uso de carteles sobre las políticas de la Comunidad.

Responsabilidad compartida

Finalmente, la 'popular' Mercedes Cófreces señaló que en conjunto el área de Medio Ambiente dispondrá de 1.071 millones, un «presupuesto récord» dentro de unas cuentas de 15.715 millones, que permitirá tener una «Castilla y León más sostenible« y «más cohesionada», desde el punto de vista social y territorial, así como con mejores servicios públicos. Además, valoró el »ejercicio de responsabilidad» de presentar unas cuentas e invitó a la oposición a mejorarlas desde el diálogo. «Es una responsabilidad compartida», dijo.

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