La «grave irresponsabilidad» de no tener interventor: otro mes con retraso en el cobro de nóminas

UGT denunció este lunes 1 de diciembre la situación «insostenible y absolutamente inaceptable» que vive el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo debido a la «persistente» ausencia de la figura de interventor, un puesto «imprescindible para garantizar la legalidad, el funcionamiento económico y la estabilidad de cualquier administración pública».

Pese a conocer desde hace meses este problema crítico, señalan en un comunicado, la corporación municipal ha permitido que la situación llegue a un punto de colapso, sin adoptar soluciones reales ni urgentes. El resultado, detallan, es evidente: el mes pasado la plantilla sufrió un retraso de 20 días en el cobro de sus salarios, y todo apunta a que este mes se repetirá la misma situación.

«Estamos ante una dejación de funciones inadmisible. La corporación sabía lo que iba a ocurrir y aun así no ha actuado. Las consecuencias las pagamos los trabajadores y, en última instancia, la ciudadanía», afirma UGT.

La ausencia de interventor, subrayan, no solo afecta al pago de nóminas; también genera bloqueos generalizados, retrasos en trámites fundamentales y un deterioro profundo del funcionamiento municipal. UGT advierte de que se ponen en riesgo subvenciones y ayudas esenciales, lo cual puede suponer pérdidas irreparables para el municipio.

«La situación ha superado ya los límites de la tolerancia. UGT exige medidas inmediatas, efectivas y urgentes para cubrir la plaza de intervención y restablecer el funcionamiento normal del Ayuntamiento» recalcan y concluyen que «no puede seguir justificándose lo injustificable, ni manteniendo una inacción que perjudica directamente a trabajadores y al conjunto de la ciudadanía.

Ante las afirmaciones vertidas por UGT, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha afirmado que tales aseveraciones «no se corresponden con el trabajo continuo y real que se está realizando para garantizar el correcto funcionamiento municipal».

En primer lugar, es «rotundamente falso», apuntan, que exista dejación de funciones por parte del equipo de gobierno. Desde hace meses se han impulsado todos los trámites administrativos y requerimientos necesarios para disponer de interventor, una figura cuyo nombramiento «depende exclusivamente de la Junta».

Sobre el retraso en las nóminas, al que hace alusión el sindicato, se deja claro que el departamento encargado cerró la nómina del mes de noviembre el pasado jueves, día 27, a pesar de que la orden expresa del concejal responsable es que esté finalizada el día 15 de cada mes.

Tras este cierre, por ley existen diez días de plazo para la emisión del informe jurídico pertinente, que, el mismo día 27 de noviembre había sido solicitado con carácter de urgencia. Solo después puede intervenir el departamento de Intervención. Entonces, en este caso, ni aun teniendo interventor podría haberse abonado la nómina a finales de noviembre. «Esta realidad se ha trasladado al sindicato de primera mano».

Además, resulta imprescindible recordar que fue precisamente UGT, entre otras organizaciones sindicales, «la que presionó para aplicar todas las subidas salariales en el mismo mes, en lugar de hacerlo de manera escalonada».

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