La opinión de Óscar Fuentes

El concejal de León Despierta muestra su parecer sobre la noticia protagonista del viernes

Oscar Fuentes, durante un pleno. /ICAL
Oscar Fuentes, durante un pleno. / ICAL
OSCAR FUENTESLeón

Se repiten nuevamente episodios vergonzosos de ocultación de información y oscurantismo, tanto por el equipo de Gobierno como por sus socios en el que a última hora y por sorpresa, como por otra parte es habitual en la Comisión de Hacienda, nos hemos encontrado con la obligación de rendir cuentas al Ministerio de Hacienda de los presupuestos municipales.

¿Cómo es posible, dado el tiempo que hace que PP y C,s alcanzaron el acuerdo para aprobar los presupuestos, que desconocieran los últimos la obligación de mandarlos previamente a supervisión de Montoro?

Y si no lo conocían ¿Qué hacen los adalides de la regeneración apoyando unas cuentas bajo engaño?

Porque resulta evidente que la elaboración de los actuales presupuestos ha estado condicionada desde el principio, dada la fecha de recepción de la carta del Ministerio, y eso hace nacer la sospecha de que quienes estaban dispuestos a apoyar, conocían con anterioridad este hecho.

No sólo eso, que lo conocían, consintieron y participaron en la ocultación.

Otra cuestión que resulta cuanto menos chocante, es que la Secretaria Municipal afirmara que desconocía la existencia de la misiva, puesto que esta había pasado por el Registro Municipal.

Que se oculten hechos altamente relevantes a la oposición es muy grave, pero que ni siquiera los técnicos del Ayuntamiento conozcan su existencia revela asuntos muy espinosos sobre cómo se maneja la información, que les guste al equipo de Gobierno o no, no les pertenece sino que es pública, extendiendo el engaño a la totalidad de la población del municipio.

Se actúa de manera completamente desmesurada y abusiva por parte del Ministerio, en el que ante un incumplimiento menor, que no pone en riesgo ni la regla de gasto ni la estabilidad presupuestaria, además de las consecuencias económicas que tendría que asumir la población en caso de tener que abonar la totalidad de servicios públicos si el sinsentido que pretenden se aplicara, nos encontramos bajo el excesivo rigorismo legalista, como siempre para lo que interesa al Gobierno del Partido Popular, en el que ante el afán de llevarse por delante gestiones desfavorables (léase Madrid p.ej.) o territorios díscolos, no duda en arrasar con lo que sea.

En el fondo, no deja de tener su ironía cuando todavía conserva la retina las muestras de la sumisión ovina bajando por el Cid. ¿Quién pensaba hace unos días que la inexorabilidad de la dura lex se iba a quedar sólo en los catalanes?

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