La medida de edad de los funcionarios de prisiones de León se eleva hasta los 53,74 años

La Agrupación de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias (Acaip) en Castilla y León a través de su secretario, Jose Antonio Cartón Martínez, ha denunciado denuncia públicamente que el 78,25 % de los funcionarios de prisiones supera ya los 50 años de edad.

En el mes de febrero de 2017 existe en el Centro Penitenciario de León una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 501 funcionarios, según se advierte desde Acaip.

Después de cinco años sin concurso en la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y sin cubrir las plazas de funcionarios jubilados, fallecidos o en otras situaciones quedan 87 plazas vacantes por lo que el número final alcanza 414 funcionarios.

Para Acaip la situación es especialmente problemática ya que sólo el 1,44% de los funionarios tiene menos de 39 años, el 20% se concentra entre esa edad y los 49 años mientras que el 67,6% -lo que supone el grueso del funcionariado- se concentra entre los 50 y los 59 años de edad.

En el caso de León la media de edad es del 53,74 años, un centro en el que el índice de ocupación se encuentra actualmente en 1.091 internos sobre una capacidad real de 846.

Comisiones Obreras

Por su parte La Sección Sindical Estatal de Instituciones Penitenciarias (IIPP) en CCOO ha manifestado su preocupación por los datos que la Administración Penitenciaria ha facilitado una vez que desde este sindicato y a través de la Ley de Transparencia se solicitó el número de vacantes de personal penitenciario en los centros que son competencia de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.

Según estos datos hay 2.855 vacantes, lo que supone un 13% del personal total de IIPP; 2.202 vacantes corresponden a personal funcionario y 653 a personal laboral.

«El caso del personal laboral es extremadamente grave ya que el porcentaje de vacantes es superior al 25% del personal, cifra absolutamente inasumible, que imposibilita cualquier gestión pública de las labores que le son encomendadas. En este caso la privatización ya es una realidad y hay empresas que realizan funciones de mantenimiento, limpieza, o demandaduría mientras que no se cubren los efectivos de personal laboral», remarca en un comunicado.

«E incluso nos encontramos con situaciones donde personal interno a través de talleres de limpieza, sustituye a empleados y empleadas públicas que se jubilan, donde las personas privadas de libertad reciben una remuneración muy por debajo del sueldo mínimo interprofesional, que en muchos casos no supera los 300 euros anuales», también advierte.

A este déficit estructural hay que sumar el paulatino envejecimiento de la plantilla, que sitúa a Instituciones Penitenciaras en una situación objetiva muy delicada en los próximos meses, por la inmediata jubilación de una parte muy importante de los efectivos.