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Alexis de Tocqueville decía que aquello que era una virtud en un escritor, con frecuencia era un vicio en un hombre de Estado. Se refería a esa incurable tendencia humana a privilegiar la fantasía a la realidad, e incluso a imponer la primera sobre la segunda sin importar las consecuencias. En el campo del arte ese anhelo podía dar grandes resultados; en la política con frecuencia creaba infiernos. No era el caso, pero Tocqueville hubiera podido tener a Colombia en mente al escribir esas palabras. La ensoñación que nos caracteriza ha producido maravillosas obras de arte, empezando por la más fantasiosa y perfecta, 'Cien años de soledad', pero en política nos ha dejado una revolución enquistada, que durante los últimos 52 años produjo 220.000 muertos y ocho millones de víctimas. Hoy, por fin, de refrendarse con el voto popular el texto de 297 páginas que contiene el acuerdo final entre el Estado y la guerrilla de las FARC, buena parte de esto puede llegar a su fin.

La decisión que debemos tomar no es, sin embargo, fácil. Esta negociación, como todas, no ha dejado un acuerdo perfecto, sino un acuerdo factible. Debe recordarse que las FARC llegaron a la mesa de La Habana debilitadas, mas no vencidas. A pesar del largo gobierno de Álvaro Uribe, en el que la prioridad fue derrotarlas militarmente, cuando empezaron los diálogos la guerrilla contaba aún con cerca de siete mil hombres en armas. Los acuerdos, así muchos hubiéramos querido lo contrario, no eran un acta de rendición, sino una vía para el cese de hostilidades y la reincorporación a la vida civil, incluyendo el ejercicio de la política, de los guerrilleros desmovilizados.

Había grandes obstáculos para conseguirlo. Las FARC cometieron crímenes de lesa humanidad que no prescriben ni pueden ser amnistiados. En un mundo perfecto sus dirigentes hubieran pagado penas por violaciones, reclutamiento de menores, abortos forzados y masacres, pero era ingenuo creer que los insurgentes se habían sentado a negociar su entrada en la cárcel. Para sobrellevar este escollo, el equipo negociador del Gobierno desarrolló un sistema de justicia transicional, que supone penas alternativas para quienes confiesen los delitos cometidos. Con un añadido: mientras cumplen estas condenas, podrán participar en política.

Es uno de los grandes desafíos que nos espera a los colombianos. En los siguientes meses, veremos en cargos públicos, incluso en el Congreso o en una campaña presidencial, a responsables de grandes atrocidades. Ésa es la razón por la cual Human Rights Watch ha criticado con vehemencia los acuerdos de paz. La justicia transicional les parece insuficiente, y no les falta razón. Ahí está el meollo del asunto, el gran dilema moral que debemos resolver hoy, 2 de octubre, en el plebiscito: escoger entre más paz y más verdad -no toda, porque el ELN y el narco siguen ahí- y una justicia futura. Es comprensible que para muchos esta disyuntiva sea aborrecible. Pero, como enseñó Isaiah Berlin, en ocasiones los más grandes anhelos del ser humano, esos valores últimos e irrenunciables, resultan incompatibles y es inevitable hacer elecciones.

Es lo que ha ocurrido en Colombia. Nos vemos ante la oportunidad de saber la verdad sobre muchos crímenes cometidos en las últimas décadas y de frenar una guerra que dejaba miles de muertos. Todo esto, sacrificando la justicia, es decir, permitiendo que los líderes guerrilleros entren en política y compitan para copar las instituciones que antes combatían con las armas. No es una disyuntiva fácil, pero estoy convencido de que vale la pena. La paz y la verdad son mucho más importantes -y así lo han entendido muchas víctimas- que ver a Timochenko en la cárcel.

Ahora bien, ¿significa esto que Colombia se va a convertir en una Venezuela o que va a ser entregada al castro-chavismo, como han venido diciendo las voces más alarmistas y populistas de la derecha? Desde luego que no. A pesar de todas las concesiones que el Gobierno le hará a la guerrilla -espacio en un canal de televisión, emisoras de radio temporales y locales, fondos para la participación política, diez curules (escaños) en el Congreso garantizadas, aunque sometidas a votación, en las elecciones de 2018-, las FARC no salen de este proceso propulsadas a la línea de meta, sino al punto de partida.

Como cualquier otra organización política, tendrá que ganarse los votos de manera legítima, apelando a una sociedad civil que no va a olvidar de buenas a primeras cincuenta años de atrocidades. Las enormes sumas de dinero que acumularon con el narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro, y que se han negado a devolver -punto negro del proceso-, les serán de gran ayuda, pero no podrán comprar a un país que ha probado el sabor amargo de las utopías.

«Te voy a hacer una casa en el aire», dice el vallenato más famoso de Colombia. A partir del lunes seguiremos fantaseando con esa casa perfecta y flotante, siempre y cuando nos la canten, nos la pinten o nos la novelen. Ahora, cuando un político o un revolucionario quiera obligarnos a vivir en ella, podremos darnos el enorme placer de no votar por él.