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Recepción a los inmigrantes y refugiados que residen en Castilla y León en la Jornada ‘Castilla y León, Tierra de acogida’, celebrada en las Cortes.
Los inmigrantes reivindican el empleo como herramienta «integradora» y de «cohesión e inclusión social»

Los inmigrantes reivindican el empleo como herramienta «integradora» y de «cohesión e inclusión social»

El colectivo reclama igualdad de trato laboral, formación y acceso a la salud, pero asume que son «plenos ciudadanos» de Castilla y León

ical

Sábado, 22 de abril 2017, 21:34

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Los inmigrantes que residen en Castilla y León destacaron hoy la indudable importancia del empleo como herramienta integradora y favorecedora de cohesión y de inclusión social. Así, durante la lectura de un manifiesto en la recepción y el acto central de la jornada 'Castilla y León, tierra de acogida', el colectivo reclamó igualdad de trato laboral, de formación y acceso a la salud, si bien asumió que no todo es negro y que ya son plenos ciudadanos de Castilla y León.

La lectura del documento la comenzó el venezolano Ángel Morán, que reside en Ávila, y que agradeció en nombre del colectivo de inmigrantes el hecho de institucionalizar esta fecha bajo el epígrafe de 'Castilla y León, tierra de acogida', que este año cumplió su segunda edición. Es una celebración que entendemos como propia, destacó en representación de Cruz Roja. Recordó el importante peso de población extranjera de la Comunidad, el 5,26 por ciento de los casi 2,5 millones de habitantes.

Por ello, aprovechó la oportunidad brindada por las Cortes y la Fundación Villalar-Castilla y León para agradecer de nuevo a los responsables políticos y entidades sociales por facilitar la integración de forma completa y gratificante. En ese sentido, citó la nueva Red de Atención a Personas Inmigrantes de Castilla y León puesta en marcha por la Junta y que facilita información y asistencia en los ámbitos de residencia, vivienda, empleo, educación, sanidad y servicios sociales. Por último, señaló que con este tipo de actos no se sienten no tanto como inmigrantes, sino como ya plenos ciudadanos en una clave de tolerancia, respeto e igualdad, hechos que permiten crecer como personas.

El colombiano Rubén Darío, que comparte nombre y apellido con el poeta nicaragüense y habló también por Cruz Roja, vive en Palencia. Recordó que en diciembre de 2016 se registraron 6.486 contratos de trabajo a personas extranjeras, un 21 por ciento más que un año antes. Una cifra que, no obstante, sólo supone el cinco por ciento de los inmigrantes empadronados (128.000). Por ello, Darío recordó que, a pesar de integración cada vez de más calidad, el acceso al mercado laboral supone un reto por la necesidad de mayores trámites y demostración de habilidades similares, y en ocasiones superiores, a las personas españolas. Apostemos pues por un mercado laboral más flexible para incorporar nuestro talento al mismo, en una Comunidad cuyo mercado y sociedad ya no debieran entender de fronteras. Contruyémoslo juntos, instó.

En el mismo sentido se dirigió el venezolano Edgar José Martínez (Accem), de Salamanca, quien habló de la indudable importancia del empleo como herramienta integradora y favorecedora de cohesión y de inclusión social. Por ello, pidió en las Cortes la regulación de la normativa que facilite el acceso al mercado laboral de los inmigrantes y refugiados que han elegido Castilla y León como su casa.

Se refirió, concretamente, a medidas que favorezcan la posibilidad de homologar la formación, que refuercen las capacidades para poder incorporarse a un mercado de trabajo diferente al que tanto pueden aportar; también habló de herramientas que tengan en cuenta el acompañamiento tan importante que hacen las entidades sociales en esa inserción laboral a veces complicada y que en general mejoren las posibilidades de inserción laboral y el derecho a un trabajo todavía resentido por la situación económica.

Dignidad y justicia

La guineoecuatoriana Nchama Nsue (Fundación Cauce), que vive en Valladolid, demandó también el mismo derecho a la dignidad y a la justicia que el resto de ciudadanos. A las puertas de cumplirse los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señaló que el reconocimiento de que los inmigrantes puedan disfrutar de la libertad, la justicia y la paz, así como a la dignidad intrínseca y a unos derechos iguales que los nacionales, aún no es una realidad universal.

Aunque prestamos a este país, que ya consideramos nuestro, una gran cantidad de servicios, todavía hay personas que nos tratan como seres humanos de segunda clase, lamentó. En este sentido, confió en que sus hijos, sin perjuicio del estatus de sus padres, tengan el derecho a la educación, a atención médica y a igual tratamiento que los nacionales. Y como la familia es el mejor lugar para la educación de un menor, aprovechó para pedir que se consideren de forma positiva y humana las peticiones de reagrupación familiar.

Seguridad Social y salud

Marie Gomez, senegalesa afincada en Valladolid, citó literalmente los artículos 41 y 43 de la Constitución Española sobre el derecho de un régimen público de Seguridad Social y sanidad para todos los ciudadanos. En base a estos mandatos, sostuvo, la asistencia sanitaria en Castilla y León recoge todas las necesidades de atención médica, pero plantea un serio problema en cuanto a la asistencia sanitaria de las personas a las que reagrupamos, sobre todo a los mayores, que son los más vulnerables, al denegárseles dicha asistencia.

Al respecto, en nombre de la Asociación Autonómica de Inmigrantes (Asaim), se quejó de que el Ministerio del Interior, en muchos casos, no solicita dicho seguro y concede la reagrupación sin ningún problema, con lo cual, los mayores se encuentran en una situación de desprotección sanitaria, ya que las aseguradoras privadas no suelen aceptarlos como clientes, dada su avanzada edad. Además, recordó que el convenio que creó el Ministerio de Sanidad como 'Seguro Público' sólo se puede solicitar pasado un año de residencia. Por ello, solicitó que este seguro pueda hacerse efectivo desde el primer momento de la reagrupación e incluso que pueda contratarse como seguro privado a aportar en el momento de la solicitud de reagrupación.

Josué Serrudo, boliviano residente en Burgos y de Atalaya Intercultural, habló de la multiculturalidad, que simplemente es. En el mundo globalizado en el que vivimos, la diáspora constituye la norma. El encuentro entre culturas diversas provoca, a veces, conflictos inevitables en función de la diversidad de costumbres y valores, admitió.

Pero el auténtico conflicto proviene, dijo, no tanto de las diferencias culturales como de las diferencias económicas y de la desigualdad social y política que éstas conlleva. Es el marco en el que situó el análisis de los conflictos que supone la integración de las personas extranjeras y de sus hijos e hijas en los centros escolares. Así, consideró que la educación de calidad se convierte en requisito indispensable para alcanzar una auténtica sociedad multicultural y cuyo objetivo último sea la igualdad de los seres humanos en un marco de tolerancia y respeto.

A su juicio, una sociedad con estas premisas pondrá las bases para combatir el racismo o el sexismo y capacitar a las personas para luchar por una sociedad más diversa y más justa, donde todos tengamos cabida independientemente de nuestro origen. En este sentido, abogó por generar un modelo de intervención social en el que se promueva la gestión participativa de la diversidad cultural e implique a los principales agentes sociales en la articulación de estrategias de participación social y convivencia intercultural.

Diálogo Social «cojo»

Nathali Valencia, colombiana que decidió vivir en Valladolid y en nombre de Red Acoge, señaló que la situación que viven los inmigrantes hoy no es sólo producto de una crisis económica, sino consecuencia de un complejísimo proceso de muy diferente naturaleza en el que entran a forma parte la globalización, la innovación tecnológica, la inmediatez de las comunicaciones o la rapidez en los medios de transporte. Todo ello está contribuyendo a la construcción de una nueva realidad, de una nueva identidad cultural, determinó.

Por ello, abogó por incentivar la confianza en las instituciones, brindar los cauces adecuados para que las personas y los grupos en los que se integran puedan canalizar sus propuestas y tener voz, mejoando el Diálogo Social. Al respecto, lanzó una crítica a las mesas de Diálogo Social tradicionales, compuestas por representantes de las empresas y de los trabajadores, sindicatos básicamente, se han quedado cojas. Es imperativo que el Diálogo Social dé un paso al frente e integre a otros grupos de interés actuales que tienen mucho que aportar, destacó. Añadió que Castilla y León es una comunidad suficientemente amplia y diversa como para que estén representados el mayor grupo de colectivos sociales. Siempre es una oportunidad sentarse a hablar y coordinarse con todos ellos con una actitud abierta y dialogante en pro de una Comunidad del siglo XXI, concluyó.

La venezolana Amaloa del Carmen Estaba, de Valladolid, en representación de Cáritas, reprochó que los extranjeros encuentran dificultades añadidas a la hora de acceder a prestaciones sociales, quizás debido al idioma, la falta de documentación o la carencia de apoyos familiares y sociales. Por ello, solicitó a la Administración autonómica que favorezca su acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía, que colabore y proponga medidas que faciliten el trámite administrativo, así como la documentación a presentar. En este sentido, agradeció a las entidades sociales el apoyo y la colaboración que prestan a la hora de hacer posible la tramitación y posterior seguimiento.

Otro venezolano que vive en la ciudad del Pisuerga, José Albero Chouro (Red Incola), se refirió al derecho a una vivienda digna, que está siendo vulnerado de forma sistemática. Explicó que el drama de perder la casa y quedarse en la calle es una de las imágenes más duras de la crisis que se resiste a desaparecer. El alquiler es difícil y el precio se ha vuelto inalcanzable para muchas familias y personas, obligando al hacinamiento en pisos sin las condiciones adecuadas. Y miles de refugiados esperan en tiendas de campañas con la esperanza de algún día volver a tener un hogar, recordó con una crítica.

Así, apostó por la necesaria y urgente política de vivienda que garantice este derecho, que prevenga y combata la exclusión residencial y la formación de guetos. Necesitamos el trato igualitario, que se eliminen los prejuicios y el rechazo a alquilar una casa a una persona inmigrante, que prime la hospitalidad frente la hostilidad a favor de la dignidad de las personas, deslizó.

Por último, la peruana Magdalena Isela Ibáñez, residente en Valladolid y en nombre de la Sociedad San Vicente de Paul, señaló que se hace necesario reconocer por parte de la sociedad civil y las instituciones la aportación que hacen a la sociedad todos los inmigrantes que viven en esta Comunidad. Nuestro trabajo y producción económica, nuestra participación e integración cada vez mayor en los distintos ámbitos antes citados, son parte fundamental de la riqueza y crecimiento de esta realidad, realzó. Por último, agradeció la organización de esta jornada que permite conocer más de cerca esta institución.

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