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La Alianza UPA-COAG reclamó eset lunes a la Junta de Castilla y León la eliminación de cualquier tipo de tasa agropecuaria que asume actualmente el agricultor y ganadero de la Comunidades y siga el camino emprendido por Asturias y Murcia en este sentido.
La organización pidió al Gobierno autonómico que pase «de la palabra a los hechos» y aplique la reducción de impuestos a los profesionales agrarios, tal y como prometió, recordaron, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 2 de septiembre en la Feria de Salamanca, donde vaticinó la desaparición de tasas relacionadas con los arrendamientos de fincas rústicas y con actividades ganaderas, entre otras.
UPA-COAG se preguntó «qué ha quedado de esa declaración de intenciones» en las que el máximo responsable político de la autonomía recordó a todos los agricultores y ganaderos la «importante bajada de impuestos en varios ámbitos, de las deducciones, de las bonificaciones o de las eliminaciones de tasas que iba a aplicar el Gobierno regional». En aquel acto, insistió la organización, el jefe del Ejecutivo aseguró que «seguirían trabajando para los agricultores y ganaderos porque la Junta de Castilla y León está volcada con el campo».
En este sentido, urgieron la modificación de la Ley de Tasas en Castilla y León y que se eliminen todas aquellas ligadas «directa e indirectamente con la actividad agraria, porque el sector primario es el que con más virulencia está sufriendo el desorbitado incremento en el precio de todos los costes de producción».
A su juicio, resulta un «sinsentido» que quien «se ha convertido en abanderado mediático en prometer una reducción de impuestos después esté aplicando tasas por pedir, por ejemplo, un certificado para explotaciones prioritarias, por pedir una valoración de un bien inmueble rústico que hasta hace poco era gratuito, o por realizar cualquier gestión administrativa relacionada con la actividad ganadera».
La Alianza UPA-COAG recordó que la Junta «tiene un importante margen de actuación en materia tributaria» y, por lo tanto, «debe demostrar con hechos su verdadero interés por el sector eliminando todas las tasas autonómicas que afectan a la actividad diaria de agricultores y ganaderos».
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