Hamburguesas con tecnología CSIC

El CSIC es el primer solicitante de patentes en España, pero también en Europa. Una anomalía en un escenario donde son las empresas privadas las que por lo general invierten más en I+D y en ciencia que los organismos públicos. Avances, muchos de ellos, que trascienden las fronteras nacionales y que lo mismo disfruta un niño de Reikiavic que un anciano de Ciudad del Cabo. Test serológicos para detectar la presencia de anticuerpos, complementos alimenticios para celíacos, productos para quienes tengan intolerancia a la lactosa, nuevas variedades de frutales o la recuperación de otras que se creían extinguidas... Hasta mascarillas contra la Covid-19, en un intento por no volver a depender de terceros a la hora de protegernos de una emergencia sanitaria.

Javier Maira es director del área de Estrategia Comercial e Internacionalización del CSIC. En su negociado la palabra clave es 'patente', un conjunto de derechos exclusivos sobre un descubrimiento susceptible de ser explotado y que tiene una duración de 20 años. «No se venden porque son propiedad del Estado, se 'licencian', lo que viene a ser algo así como alquilarlas. Y ponemos condiciones, la más importante que esos avances lleguen a la sociedad». Si la empresa no aprovecha esa innovación, si la mete en un cajón, el acuerdo se da por concluido, los derechos de explotación vuelven al titular original y se busca otro socio industrial.

El proceso discurre de dos formas: o bien el CSIC protege un hallazgo, lo promociona y luego negocia la licencia con quien esté interesado; o una empresa con una demanda tecnológica concreta pregunta por lo que está ensayando en ese campo e invierte en una línea de investigación a cambio de que, si hay resultados, tenga luego los derechos de explotación.

Según la Memoria 2020, el CSIC firmó ese año 1.593 nuevos contratos por un importe de 26 millones de euros -un 8% menos que el año anterior-, descenso que las mismas fuentes atribuyen al descenso del consumo derivado de la pandemia. No es una gran fuente de financiación -su presupuesto ronda los 700 millones de euros, según la presidenta Rosa Menéndez-, pero sí triplica lo invertido en protección de tecnologías.

«España debería sacar más provecho de la ciencia que desarrolla», reflexiona Maira. En el país que ideó el submarino, el autogiro, el teleférico, el traje de buceo, la jeringuilla desechable y hasta la fregona, las limitaciones no tardan en manifestarse cuando se dedica a investigación el 1,2% del PIB frente al 2,9% de Alemania o el 3,5% de Japón. Quizá por eso, cuando tratamos de poner cara a un investigador, la imagen que pergeñamos se acerca más a un becario con contrato temporal que al 'Q' de las películas de James Bond.