Aragón pide a la juez que habilite agosto para recuperar los 'bienes de Sijena'

Los objetos medievales debían haber sido trasladados al templo por las autoridades catalanas este lunes, antes de las 22:00 horas, según ordenó Aznar hace un mes en un auto de ejecución de sentencia, pero todas las partes sabían que la devolución no iba a producirse porque así lo habían adelantado ya portavoces del Gobierno catalán.

 La magistrada ya anticipó el jueves pasado en un escrito que si la Generalitat incumplía el plazo del día 31 de julio tomaría nuevas medidas para asegurar la ejecución de una sentencia que su mismo juzgado dictó hace ya más de dos años, en abril de 2015, pero el Gobierno aragonés sabe que si Aznar no habilita ahora días de agosto, extremo que todos ven complicado, el pulso judicial, que dura más de una década, se paralizará de nuevo, al menos hasta los primeros días de septiembre.

La juez, ante el previsto incumplimiento de la Generalitat, tendrá que decidir, caso de habilitar al final días de agosto, sobre la petición que la semana pasada le hicieron el Ejecutivo de Zaragoza y el Ayuntamiento de Sijena. Ambas instituciones reclamaron que, ante los «reiterados incumplimientos» de sentencia de las autoridades catalanas, autorizase a técnicos de arte aragoneses, escoltados por agentes de la Policía Nacional o la Guardia Civil, a entrar en el Museo de Lérida y recuperar las 44 piezas artísticas para devolverlas al monasterio románico ubicado en la comarca de Los Monegros.

De hecho, la dirección general de Cultura aragonesa tiene ya preparado el dispositivo de rescate y traslado por si la magistrada autorizase la entrada judicial en el museo leridano incluso en las primeras horas del martes. Se trata de un camión especialmente equipado para esta tarea y de los aproximadamente 20 técnicos de los museos de Zaragoza, Huesca y de la dirección general, entre ellos conservadores y restauradores, que formaron el retén de guardia que el lunes esperó en vano en el monasterio de Sijena la recepción de las 44 piezas, por si la Generalitat cambiaba de opinión y decidía cumplir la orden judicial.

Además de alguna nueva fórmula legal para hacer efectiva la recuperación de las piezas artísticas, la segunda decisión que probablemente tomará la juez, bien ahora bien septiembre, será deducir testimonio contra algún responsable político o cultural de la Generalitat, que según el caso tendrá que remitir al Tribunal Supremo o a un juzgado catalán, por un posible delito de desobediencia cometido al ignorar sus resoluciones. Aznar ya avisó de este hecho en su auto de ejecución de sentencia a los responsables catalanes para el caso de que ignorasen su plazo límite devolución de las piezas del 31 de julio. Uno de los posibles afectados por esta medida, que el Código Penal castiga con inhabilitación y multa, sería el consejero catalán de Cultura, Lluis Puig.