La Fiscalía de Ponferrada pide al Juzgado que investigue la gestión de 12 años de la Asociación Estación-Temple
La actual junta directiva del colectivo considera que tras presentar la denuncia con una auditoría externa «hemos cumplido nuestro cometido»
La Fiscalía de Ponferrada solicitó al Juzgado la apertura de una investigación sobre 12 años de gestión de la Asociación de Vecinos Barrio de La Estación-Temple-Navaliegos (entre 2009 y 2018) tras analizar la documentación presentada por la actual junta directiva del colectivo, entre la que se incluye una auditoría externa de 30 páginas con 45 anexos de pruebas, «las más llamativas aunque infinidad de ellas ya que se trata de un proceso de 12 años», apuntó Ricardo Conde, actual presidente de la asociación.
En el decreto, el fiscal jefe de la capital berciana aprecia que se han incumplido las actuaciones exigibles en la administración y gestión de la asociación, como que no se ha aportado una relación actualizada de los socios, un listado de actividades, el libro sobre la contabilidad de la asociación «y, lo que es más grave, al menos la documentación necesaria acreditativa de sus ingresos y gastos», un inventario de bienes o la no elaboración desde el 2009 de las actas de la junta directiva que determine los acuerdos adoptados.
En ese sentido, considera «reprochable» la «deficiente actuación en las obligaciones exigibles en materia de contabilidad, con inexistencia de un mínimo registro contable sobre los ingresos y gastos y del balance que permita un adecuado control económico». «Ello resulta especialmente, cuando además de las cuotas abonadas por los asociados o por donativos o aportaciones de socios o de terceros, se han percibido cantidades económicas en concepto de subvención o ayuda a cargo de administraciones públicas, en particular el Ayuntamiento de Ponferrada», añade en su escrito.
De este modo, la Fiscalía considera que la actuación llevada a cabo por los administradores en dicho periodo de tiempo requiere una investigación «habida cuenta de la presunta realización de actos dispositivos sobre el dinero obtenido por cuotas, donativos y aportaciones provadas y de subvenciones y ayudas públicas, con imcumplimiento grave de los deberes» de una asociación.
Con todo ello, el fiscal aprecia hechos «que requieren de instrucción judicial» para poder determinar si existe infracción penal, «no estando agotada la fase de investigación», y estima oportuno que el Juzgado competente admita toda la documentación, llame como testigo al actual presidente del colectivo, pida la declaración en condición de investigados del anterior presidente, el vicepresidente y el secretario, y solicite al Ayuntamiento de Ponferrada y al Consejo Comarcal la aportación de documentación justificativa de subvenciones o ayudas económicas que hubieran sido concedidas a esta asociación.
Sospecha de un desfase económico de más de 103.000 euros
Con esta decisión de la Fiscalía la actual junta directiva considera que «hemos cumplido con nuestro cometido» y que ahora será la Justicia la que tendrá que determinar las consecuencias y las responsabilidades sobre estas presuntas irregularidades en la gestión.
Es más, sospechan que el desfase económico es superior a 103.000 euros, entre supuestos fraudes de IVA, cuotas, fiestas o revistas, entre otros asuntos.
