Pisando líneas rojas

Las derechas vienen sosteniendo sus prácticas obstruccionistas desde el principio de la legislatura con la coartada de la legitimidad para orillar la legalidad. La extrema derecha sostiene que el Gobierno es ilegítimo porque, en línea puramente trumpista, solo reconoce la legitimidad de los resultados electorales cuando les son favorables. Toda la intensa campaña periodística contra el «sanchismo» viene teniendo el objetivo de deslegitimar a un Presidente del Gobierno absolutamente legítimo, porque ha sido elegido por un Congreso de los diputados igualmente legítimo, salido de unas elecciones generales perfectamente legítimas. Y los que lo niegan solo demuestran su carácter antidemocrático.

El PP, por boca de Feijoo, reconoce la legitimidad del Gobierno pero se la niega a las propuestas legislativas que hace y aprueban las mayorías parlamentarias variables que el Gobierno viene conformando. Según Feijoo (despreciemos ahora las tonterías declaradas por Ayuso y Mañueco) solo son legítimas sus medidas y propuestas. Con este razonamiento pretenden justificar la ilegalidad y la anticonstitucionalidad manifiestas del incumplimiento para la renovación del Consejo General del Poder Judicial caducado hace cuatro años. Según Feijoo es legítimo que cuando las elecciones dan una mayoría parlamentaria a su partido debe cumplirse la Constitución y renovar los miembros del órgano de gobierno de la judicatura (y así ha sucedido siempre. Jamás el PSOE lo ha impedido). En cambio cuando los ciudadanos otorgan una mayoría parlamentaria de izquierdas, lo legítimo es bloquear la renovación e incumplir la Constitución. Es decir, la obligación legal cambia porque sí, al calor de su sesgado concepto de legitimidad.

Las últimas decisiones de Tribunal Constitucional suspendiendo «cautelarísimamente» la deliberación y aprobación en el Senado de una norma legal (sea la que sea) significa un salto cualitativo en la crisis institucional a la que nos ha llevado la estrategia de bloqueo del PP. Se trata de un hecho alarmante e insólito en nuestra experiencia democrática que merece la máxima atención. Como se sabe, el TC tiene como principal función examinar y dictaminar sobre la constitucionalidad de las normas aprobadas por el Congreso y el Senado, pero nunca la de intervenir y mucho menos suspender los debates parlamentarios en curso de cualquier materia, independientemente del acierto o desacierto de sus contenidos. La actual mayoría parlamentaria puede estar aprobando leyes equivocadas y/o chapuceras en mayor o menor medida. El remedio contra las mismas es que el Tribunal Constitucional las invalide (o convalide) en recursos interpuestos tras su aprobación, siguiendo la normativa aquilatada en más de cuarenta años de democracia. La otra opción es que unas próximas elecciones otorguen una mayoría a quienes quieran derogar esa legislación y, efectivamente, la sustituyan por otra. Lo que no cabe desde la lealtad a la Constitución es el bloqueo, utilizando unas instituciones contra otras.

El colmo de esta deriva es que, cuando le conviene al PP, es legítimo que dos magistrados del Tribunal Constitucional con el mandato caducado resuelvan recursos que les afectan personalmente. No será legal, pero es legítimo según el PP, algunos contados magistrados y la prensa de derechas. Así, con toda desfachatez, contradicen la legislación y la doctrina jurídica universal desde hace siglos sobre que «nadie puede ser juez de su propia causa».

Las derechas se han lanzado a la «latinoamericanización» de la vida política española, algo que Podemos predicaba en 2015 y que el PP ha puesto en práctica en esta legislatura. Ya pasó con otras estrategias y propuestas podemitas (polarización, escraches…) que inmediatamente fueron instrumentalizadas y vehiculizadas por las derechas contra el actual gobierno. De todas ellas la peor es la apropiación partidista de las instituciones que deben servir como árbitros y contrapesos en una democracia madura. Y eso es lo que están haciendo las derechas con el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

No existe ninguna democracia europea en la que se tergiverse la idea de legitimidad para usarla contra la legalidad. Hasta ahora eso lo hacían partidos minoritarios o marginales como patética seña de identidad. En el pasado lo hizo Carl Schmitt, jurista de cabecera para el nazismo. Si ahora lo pone en práctica el PP, se convierte en un partido antisistema cuando le conviene. Y lo más importante: si no cumple la Constitución ahora que está en la oposición, por qué se va a creer que la cumplirá cuando esté en el gobierno.