Institucionalizar la pandemia

La pandemia nos cogió por sorpresa, como a todo el mundo, y tiene escaso sentido volver la vista atrás con alguna intencionalidad política para obtener algún rendimiento, al menos por ahora. Lo cierto es que el Gobierno de la nación, con escasas facultades en materia de Sanidad -el socio menor de la coalición actual no quiso encargarse de la cartera de Sanidad porque era una «cáscara vacía» tras la descentralización de la competencia en las comunidades autónomas-, optó por declarar el estado de alarma mediante el RD 463/2020, una posibilidad constitucional desarrollada por la ley orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio con lógicas cautelas y que somete las decisiones que se adopten al estricto control parlamentario. La gestión de la pandemia se centralizó y quedó en manos del ministro Illa pero el presiente del Gobierno, con buen sentido, mantuvo una conexión estrecha con las comunidades autónomas, como nunca antes se había mantenido, y celebró semanalmente una conferencia de presidentes, que adoptó las principales decisiones y facilitó sin duda tanto el confinamiento como la desescalada.

     Noventa y ocho días duró el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, hasta que el Gobierno decidió darlo por concluido y promulgó la llamada ley de la 'nueva normalidad' -en realidad el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19- que dictaba una serie de medidas de prevención e higiene, en materia de transportes, relativas a medicamentos y productos sanitarios, etc. Pero la gestión de todo ello quedaba ya en manos de las comunidades autónomas, que habían de regirse por la legislación vigente, y en concreto por la ley 14/1986 General de Sanidad y desarrollos posteriores, y por la Ley 33/2011, General de Salud Pública.

     Lo cierto es que las autonomías quedaban al mando de la lucha contra la pandemia, con una leve coordinación estatal que no ha dado resultado. En nuestros países vecinos, la pandemia se afrontó de diversas maneras, todas ellas basadas en la unidad de mando: en Francia, el 24 de mazo se aprobó en el Parlamento una ley ad hoc de urgencia sanitaria, renovada sucesivamente varias veces; en Alemania, un Estado federal, no se decretó excepcionalidad alguna; las medidas fueron negociadas por el Gobierno federal, por videoconferencia, con los presidentes de los Bundesländer; y, como aquí, algunas de las decisiones tomadas, como la prohibición de las manifestaciones de más de dos personas, han sido rechazadas por el Tribunal Constitucional, que ha defendido el derecho de reunión siempre que se respete la distancia de seguridad. En Italia, El Consejo de ministros aprobó un decreto el 31 de enero declarando el «estado de emergencia» durante seis meses (el máximo es de doce meses), hasta el 31 de julio, fecha en que fue renovada la declaración por idéntico periodo de tiempo.

     En nuestro país, al llegar la 'nueva normalidad' que enseguida se ha tenido que enfrentar a nuevos brotes, la pandemia ha quedado en manos de las comunidades, que habían de reforzar la asistencia primaria y ocuparse de garantizar el cumplimiento de las normas y el rastreo eficiente de los infectados para su confinamiento en cuarentena.

     La experiencia no ha sido buena y ha quedado de manifiesto que las comunidades autónomas no tienen ni la pericia para cumplir el mandato ni la cobertura legal para hacerlo. Lo primero requiere un proceso largo de preparación y desarrollo de aptitudes, y lo segundo, la confección de un paraguas jurídico que habilite a los presidentes de comunidades autónomas a adoptar determinadas medias que limiten los derechos de circulación y de reunión, y que sí ha de ser provisto por el Estado. Tan razonable es que un juez no admita que una autoridad no competente limite la movilidad de las personas como que el Estado prevea una situación de emergencia como la actual, que requiere potenciar el papel de las comunidades autónomas también en esta materia.

     De hecho, el déficit institucional es consecuencia de que el Estado de las Autonomías está inacabado. Hay que proseguir en el camino de la federalización para que esto se parezca cada vez más a Alemania. Por ejemplo.