La Fiscalía busca el origen de los 65 millones de Corinna antes de acusar al emérito

Las diligencias abiertas el pasado junio en la Fiscalía del Tribunal Supremo para investigar el presunto cobro de mordidas por parte de don Juan Carlos en la adjudicación del AVE a La Meca y sus posibles repercusiones penales en España tras su abdicación en 2014 no están, ni mucho menos, cerca de poderse cerrar.

El fiscal Juan Ignacio Campos y los otros cuatro especialistas del Ministerio Público designados para esta investigación, a pesar de contar con toda la colaboración de sus colegas suizos, se han topado ya con más problemas de los que esperaban, empezando por una cuestión primordial. Las diligencias que instruye en Ginebra el fiscal Yves Bertossa desde agosto de 2018, y que han servido de base para abrir la investigación en España, apuntan a que los tantas veces mencionados 65 millones de euros que el emérito regaló en 2012 a Corinna Larsen y a su hijo Alexander no procederían de las supuestas comisiones por el macroproyecto ferroviario en el desierto, según han desvelado a este periódico fuentes cercanas al caso.

La constatación de que ese dinero no proviene de esas presuntas coimas, explicaron estas mismas fuentes, complica aún más unas pesquisas ya de por sí muy enrevesadas por las marañas societarias creadas por el entorno del exmonarca para esconder su dinero. Y, además de ello, eleva de «manera considerable» la supuesta fortuna oculta, ya que el patrimonio entregado a la noble alemana y su hijo solo sería una parte «menor» de su capital desconocido.

Según las confesiones que en 2015 Corinna Larsen hizo al comisario Villarejo en su casa de Londres –y cuya veracidad ni mucho menos se da por sentada en la Fiscalía, que ya ha detectado varias falsedades en sus afirmaciones–, el entonces Rey de España presuntamente percibió por el contrato del AVE a La Meca, adjudicado en 2011 a un consorcio de doce empresas españolas –entre ellas la constructora OHL, y las empresas públicas Renfe y ADIF–, una comisión de 80 millones de euros. De haber existido esa dádiva, que es lo que trata de conocer el Ministerio Fiscal, todo el dinero debería seguir en manos del exjefe del Estado y su entorno.

Y es que de las partes del sumario P14783/2018, que el fiscal Bertossa ha compartido con sus colegas españoles, se desprende que el fabuloso regalo de Juan Carlos I a su amiga íntima y a su vástago provendría, íntegramente, de los 100 millones de dólares que el exjefe del Estado español habría recibido en agosto de 2008 del fallecido rey Abdulá de Arabia Saudí, solo una semana después de que España firmara un acuerdo estratégico de colaboración con aquel país, y que poco después desembocó en la intensificación de contratos de armas con las autoridades de Riad entre otras cuestiones. Poco antes, en junio de 2007, Juan Carlos I entregó a su «hermano» Abdulá el collar de la insigne Orden del Toisón de Oro, el máximo reconocimiento que puede entregar el Rey de España.

El dinero que acabó en manos de Corinna habría salido del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí y fue a la cuenta de la fundación panameña Lucum, que tenía como último beneficiario al rey emérito. En 2009, el exjefe del Estado autorizó «préstamos» por 2,2 millones de euros a Corinna Larsen para que adquiriera un dúplex en los Alpes a través de dos sociedades instrumentales, Calden y Siam. Y en junio de 2012, dos meses después del incidente del safari de Botsuana que quebró la confidencialidad bancaria de su «cliente vip», transfirió todos los activos de Lucum a su examante y dio la orden a sus gestores de disolver la fundación.

Según se desprende de la información remitida por Ginebra, ni la estructura societaria de Lucum ni la otra entidad supuestamente usada por el anterior rey para ocultar su fortuna, la Fundación Zagatka –usada por los testaferros Álvaro de Orleans, Arturo Fasana y Dante Canonica–, tendrían nada que ver con las supuestas mordidas del AVE. Éstas habrían recorrido otros círculos financieros todavía más enrevesados para ser opacadas, hasta el punto de que buena parte de ese recorrido es aún una incógnita para la Fiscalía española, pero también para la suiza. Y no es un tema menor porque sin lograr seguir el rastro del dinero será todavía más difícil saber si esa fortuna proviene de las comisiones ferroviarias.

Por ahora, todas las líneas de investigación sobre lo ocurrido realmente con el AVE del desierto acaban en un mismo nombre: Shahpari Zanganeh, la viuda del traficante de armas Adnam Khasogui. Ella lo niega todo. Dice no conocer al rey emérito y que su cometido en la adjudicación fue la asesoría mercantil en la gestión inicial del concurso, adjudicado en octubre de 2011 a una UTE hispanosaudí por más de 6.700 millones de euros.

Sin tener certeza de si existieron esas comisiones y cuál fue su importe, y con la constatación de que el multimillonario regalo a Corinna es otra cantidad opaca más a sumar, por ahora es difícil plantear una acusación, según constatan en círculos de la investigación. «No hay siquiera una cifra aproximativa para hacer los cálculos«, se lamentan.