El Tribunal Supremo abre juicio a la cúpula del 'procés' en prisión por un delito de rebelión

De izquierda a derecha, Romeva, Junqueras y Turull. / Foto: Efe / Vídeo: Atlas

Serán enjuiciados 18 procesados, el tribunal lo forman siete jueces y será en la vista oral cuando revisen 300 diligencias de prueba

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

Cuenta atrás para la celebración del juicio contra el denominado 'procés' político en Cataluña. El Tribunal Supremo dio este jueves al primer paso tras dictar dos resoluciones en las que confirmó el cierre de la instrucción dirigida por el juez Pablo Llarena, dando por bueno su escrito de conclusiones y de procesamiento, y la apertura de juicio oral contra 18 acusados (todos menos los siete que se encuentran en el extranjero en situación de rebeldía, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont).

El tribunal de la Sala Segunda (penal) que sentenciará el 'procés' ratificó el enjuiciamiento por un delito de rebelión (a quien se alce violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, entre otros motivos) del exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de las organizaciones civiles independentistas Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de la Asamblea Nacional Catana (ANC), Jordi Sànchez.

Estos nueve acusados, algunos de los cuales también se le imputa malversación de caudales públicos, se encuentran en prisión preventiva en centros penitenciarios de Cataluña a la espera de sentarse en el banquillo. Unos llevan más de un año, caso de los 'Jordis' o el próximo 2 de noviembre Junqueras o Forn, y el resto desde el pasado 23 de marzo cuando el juez Pablo Llarena dictó el auto de procesamiento.

Los nueve restantes procesados que serán juzgados están acusados por delitos con menos pena privativa de libertad, malversación y/o desobediencia (éste solo conlleva inhabilitación), que la rebelión (de 15 a 25 años de prisión). Se trata de los exconsejeros Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs, los integrantes de la Mesa del Parlament Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, y la responsable de la CUP Mireia Boya.

Tras dictar el auto de apertura de juicio oral las acusaciones tienen cinco días hábiles desde hoy para presentar sus escritos de calificación. Se trata de la Fiscalía del Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado y la acusación popular representada por el partido político VOX. Tanto el Ministerio Público como los servicios jurídicos del Estado, personados por el delito de malversación al generarse un perjuicio a las arcas públicas, comunicaron este jueves que apurarán hasta el próximo viernes la presentación de sus escritos.

Apoyo a la rebelión

En sendos casos se mirará con lupa la tipificación penal que darán a los hechos, aunque todo hace indicar que mantendrán inicialmente la rebelión. Otra cosa es la calificación final que decidan cuando acabe el juicio. El motivo no es otro que en el auto conocido este jueves se recuerda que la Fiscalía y la Abogacía mostraron su conformidad el 3 y 6 de agosto pasado a la apertura de juicio «por la presunta comisión de rebelión, malversación y desobediencia».

Además, el presidente del tribunal y ponente de la sentencia del 'procés', Manuel Marchena, a la sazón máximo responsable de la Sala Segunda, rechazó este jueves en su auto de conclusiones la totalidad de los recursos presentados por los procesados, que pidieron devolver la causa al juez Llarena al considerar que la instrucción no estaba acabada.

En líneas generales, éstos denunciaron el «menoscabo» de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a un procedimiento con todas las garantías, a un recurso efectivo y a la igualdad de partes. También señalaron los problemas para acceder al sumario a través del portal digital del Ministerio de Justicia, lo que ha repercutido en la preparación de su estrategia procesal.

De forma más concreta, el recurso del exconsejero de Presidencia Jordi Turull -diputado autonómico y que llegó a ser candidato a la presidencia de la Generalitat- realiza una consideración sobre la rebelión que adelanta, en cierto modo, su alegato en el juicio. «Organizar, participar, facilitar infraestructuras o reclutar voluntarios para la celebración del referéndum supuestamente ilegal no puede ser, desde la reforma del año 2005, razón suficiente para incriminar a nadie y menos por un delito de rebelión. No consta en el auto que Jordi Turull incitara en ningún momento a los ciudadanos a proceder de modo violento o actuara él directamente de tal manera, sino todo lo contrario», dice.

A todas estas cuestiones el juez Marchena contesta que las partes tuvieron tiempo suficiente en la fase de instrucción para presentar nuevas diligencias de prueba, y remita al juicio a resolución de las mismas. Hasta 300 peticiones se incluyeron en los recursos de los procesados. Del mismo modo, asegura que las reclamaciones «carecen de toda viabilidad» y que se dan todos los requisitos para el juicio en el auto de procesamiento del juez Llarena.

Finalmente, el tribunal lo formarán siete jueces al sumarse a los cinco iniciales -Marchena, Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral- dos más: Andrés Palomo y Ana Ferrer.

Archivo definitivo a Artur Mas, Neus Lloveras y Marta Pascal

La Sala Segunda decretó este jueves el archivo definitivo de las actuaciones en la causa del 'procés' contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la coordinadora general de PDeCAT y parlamentaria catalana Marta Pascal y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Llloveras, quienes no se sentarán en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo.

Tal y como decidiera en el auto de procesamiento de marzo pasado el propio Llarena, el tribunal confirmó este jueves esta decisión porque no hay indicios suficientes para incriminar a estas personas por la organización y ejecución del proceso político en Cataluña, que culminó con la aprobación de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 en el Parlament.

La decisión de Llarena fue recurrida en su día por la acusación popular de Vox, con el argumento de que el libro blanco del 'procés' contiene «un correcto relato fáctico y jurídico» cuyo impulsor fue Artur Mas, motivo por el cual consideró su participación «esencial».

En cuanto a Lloveras, señaló que como presidenta de la AMI utilizó su cargo para remitir cartas a los alcaldes y que estos cediesen locales municipales para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El Tribunal de Cuentas juzgó hace dos semanas a Mas y a otros diez exconsejeros y miembros de su Govern por el quebranto a las arcas públicas que supuso la celebración de la consulta ilegal de autodeterminación del 9 de noviembre de 2014, prohibida por el Tribunal Constitucional. La Fiscalía reclama que Mas y el resto devuelvan 4,99 millones de euros y los implicados tienen embargados bienes por valor de 5,2 millones.

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