El PSOE respalda a Podemos para que Alberto Rodríguez conserve su escaño

El exsecretario de Organización de Podemos fue condenado el pasado 7 de octubre a 45 días de prisión y a una pena accesoria de inhabilitación especial por atentado contra la autoridad. La sustitución de esta pena de cárcel por una multa de 540 euros, que el dirigente morado abonó poco después, es lo que llevó este lunes a los servicios jurídicos del Congreso a aseverar que la citada sentencia no debe tener efectos extra penales.

En su informe, en el que el PSOE y Unidas Podemos se han apoyado para justificar su decisión, los letrados de la Cámara argumentan que no puede aplicarse la llamada «causa de incompatibilidad sobrevenida» recogida en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) porque, tras su reforma de 2015, «la sustitución no es ya una forma de ejecución de la pena sino de aplicación de la misma, de manera que vendría a transformar a la pena principal desde su origen».

PP, Vox y Ciudadanos discrepan de esta interpretación y reclamarán ante la JEC por entender que es este el máximo intérprete de la Loreg y que su criterio, en consecuencia, debe de tenerse en cuenta. Las tres formaciones dirigirán además un escrito a la Fiscalía General del Estado para que solicite el incidente de aclaración de sentencia al Alto Tribunal, con el objetivo de dar marcha atrás en la decisión. «Es un despropósito», lamentó la portavoz de los populares en la Cámara baja, Cuca Gamarra.

Los conservadores insisten en que la ley electoral es clara y cualquier pena privativa de libertad implica la pérdida inmediata del acta de diputado. «La inhabilitación no puede quedar en manos de una Mesa y de las mayorías parlamentarias», criticó Gamarra, recordando que se trata de una decisión jurídica y no política.

La decisión de la Mesa del Congreso ha caído como un jarro de agua fría en el Alto Tribunal, donde observan «atónitos y perplejos» cómo el Congreso hace una «reinterpretación» de una sentencia, como afirman fuentes del Supremo.

Entienden además que la propia sentencia y el auto de aclaración dejaban claro que la inhabilitación era consustancial por lo que han insistido en que están atónitos por lo que representa la reinterpretación de una sentencia. Avanzan que, desde la Sala, ahora toca estudiar el informe de los letrados del Congreso y actuar según corresponda.

No obstante, insisten en que cuando se impone una condena que implica la inhabilitación para sufragio pasivo, éste debe ser practicado, y apunta que de acuerdo con la doctrina de la Junta Electoral Central (JEC) se da la ilegibilidad sobrevenida. Añaden que esto fue ratificado además por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo cuando resolvió por ejemplo el recurso del expresidente de la Genralitat Quim Torra.