20-S, un año del inicio de la revuelta catalana

Jordi Cuixart (izquierda) y Jordi Sànchez (dcha.) se dirigen a las personas congredadas frente a la Consejería de Economía./Toni Albir (Efe)
Jordi Cuixart (izquierda) y Jordi Sànchez (dcha.) se dirigen a las personas congredadas frente a la Consejería de Economía. / Toni Albir (Efe)

Torra lidera este jueves la protesta frente a la Consejería de Economía de Cataluña para pedir la libertad de los 'Jordis', justo cuando se cumple el aniversario del asedio a dicho edificio

CRISTIAN REINOBarcelona

«Ha llegado el momento. Resistamos pacíficamente. Salgamos a defender nuestras instituciones». «El Estado está asaltando nuestras instituciones propias y llegará hasta donde le dejemos». Con estos dos mensajes, transmitidos a través de las redes sociales, los presidentes de la ANC y Ómnium, hoy en prisión, llamaron el 20 de setiembre del año pasado a la ciudadanía a movilizarse frente a la Consejería de Economía. Desde primera hora de la mañana, la Guardia Civil registraba el Departamento dirigido entonces por Oriol Junqueras en busca de pruebas sobre la organización del referéndum con vistas a impedir su celebración. Era una operación ordenada por el juzgado número 13 de Barcelona, el primero que abrió una causa contra el 1-O.

La llamada de las entidades secesionistas derivó en un inmenso escrache de 40.000 a 60.000 personas que obligó a los agentes y a la comitiva judicial a permanecer durante horas en el inmueble sin poder salir por miedo a que les pudiera pasar algo. Los últimos agentes marcharon de la Consejería, a escasos metros de la plaza de Cataluña en Barcelona, 24 horas después y la secretaria judicial huyó por la azotea del edificio. De su puño y el letra escribió que el «edificio se halla sitiado, de tal manera que no podemos entrar, ni salir, ni circular por la calle».

A las puertas de la Consejería, desde primera hora, dirigentes del secesionismo gritaban: «No hay que dejarles salir». La jornada acabó con 41 registros policiales en diferentes dependencias del Gobierno catalán y 14 detenciones (entre ellas la de los secretarios generales de Economía y Hacienda, Josep María Jové y Lluís Salvadó). Por primera vez, se quebró la colaboración policial entre los cuerpos del Estado y los Mossos. La Guardia Civil afirmó que los agentes catalanes les negaron auxilio, mientras que la policía autónomica se escudó en que cargar contra los manifestantes para abrir paso hubiera provocado una algarada mayor.

Fue el día en que el proceso soberanista entró en una huida hacia adelante sin marcha atrás posible. Días antes, el 6 y 7 de septiembre, Junts pel Sí, Esquerra y la CUP habían aprobado las leyes de la desconexión y la tensión política era máxima. El día anterior, la Guardia Civil registró un publicación soberanista en busca de material para el referéndum e irrumpió en la empresa Unipost. La gente se echó a la calle bajo el lema «no pasarán» y las «calles siempre serán nuestras». Los eslóganes se repitieron al día siguiente frente a Economía. «Moncloa ha declarado el estado de excepción», fueron las palabras de Puigdemont.

Protesta con consecuencias

Lo que ocurrió el 20-S tuvo serias consecuencias para sus protagonistas. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart fueron acusados de sedición y enviados a prisión por las manifestaciones «tumultuarias». Se les acusó de alentar a las masas contra la Guardia Civil, megáfono en mano y subidos en los Nissan Patrol que los agentes de la Benemérita habían aparcado a las puertas de la Consejería. Los vehículos quedaron hechos añicos. Los 'jordis', que llevan 338 días en la cárcel, intentaron disolver la manifestación y llamaron a la gente para que se fuera a casa, pero lo hicieron tarde. También tuvo consecuencias para el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente de los Mossos y responsable de aquel operativo, Teresa Laplana, acusados de sedición por la supuesta pasividad del cuerpo policial durante la jornada.

El proceso soberanista dejó ese día de ser la «revuelta de las sonrisas», que con tanto orgullo defendían sus líderes, y se convirtió en algo antipático, como se comprobó, elevado a la máxima potencia el día del referéndum, con la respuesta ciudadana, la resistencia de los CDR en los colegios y las cargas policiales. Fue un aperitivo los violentos choques del 1 de de octubre.

Hoy, un año después, el independentismo volverá al mismo punto donde se consumó el asedio, en este caso para reclamar la libertad de los 'jordis' y de los demás dirigentes secesionistas que están en prisión. «Estuvimos y volveremos a estar. ¡No nos detendremos!», según reza la convocatoria realizada por la ANC y Ómnium, que llaman a protestar contra el «ataque a la democracia, al referéndum y las instituciones». Al frente de la manifestación estará el presidente de la Generalitat, acompañado de sus consejeros para reivindicar «la valentía, el coraje y el liderazgo pacífico y democrático» de los dos líderes encarcelados.

Quim Torra sitúa la protesta de este jueves como una etapa significativa de la «gran marcha por la libertad» que a su entender debe emprender la sociedad catalana en forma de movilizaciones permanentes hasta conseguir la independencia y la puesta en libertad de los presos. La marcha arrancó el 11-S, continuará el 1-O y concluirá con el juicio y las sentencias.

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