Un reguero de anuncios y promesas económicas incumplidas

El presidente de CEOE Juan Rosell, la ministra de trabajo Magdalena Valerio, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y los secretarios generales de CCOO Unai Sordo y de UGT Pepe Álvarez./EFE
El presidente de CEOE Juan Rosell, la ministra de trabajo Magdalena Valerio, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y los secretarios generales de CCOO Unai Sordo y de UGT Pepe Álvarez. / EFE

La subida del salario mínimo a 900 euros es una excepción a la lista de iniciativas que han quedado en el aire

MANU ALVAREZ

El precipitado final de la legislatura deja en el tintero una larga nómina de promesas realizadas por Pedro Sánchez en materia de política económica, que apenas ha podido modificar la línea trazada por el Partido Popular. Con la excepción de la subida del salario mínimo a 900 euros, no exenta de polémica, una larga lista de iniciativas se han convertido en aire.

Probablemente, la de mayor calado era la «reforma de la reforma» laboral, con la que se pretendía contentar a los sindicatos, ya que estaba llamada a ser la gran bandera de un Gobierno socialdemócrata en esta materia que estaba dispuesto a corregir los supuestos desmanes de la derecha. La idea apenas ha tenido recorrido, aunque sí se había llegado anunciar que el gabinete de Pedro Sánchez había puesto en el punto de mira algunas cuestiones fundamentales de la legislación laboral en vigor, como la denominada «ultractividad» -la pérdida de vigencia de los convenios en su fecha de vencimiento- o la prevalencia de los pactos de empresa sobre los sectoriales.

Pero no es la única cuestión. Anuncios tan polémicos y de nefastas consecuencias como el aumento de la fiscalidad del diésel, que ha contribuido a generar un parón en el mercado automovilísitico, han desaparecido al mismo tiempo que las enmiendas a la totalidad devolvía esta semana al Gobierno el proyecto de Presupuestos. Es el mismo camino que han seguido las intenciones de incrementar los tipos impositivos del IRPF a los contribuyentes de rentas más elevadas; el deseo de convertir el Impuesto de Patrimonio en obligatorio -la comunidad de Madrid no lo aplica- o el de limitar las exenciones en el de Sucesiones y también establecer un tipo mínimo en el 18% para el tributo que grava los beneficios de las empresas. Y es que la producción de ideas en el gabinete de Sánchez ha sido inversamente proporcional a su capacidad para sacarlas adelante e implementarlas, algo que ha permitido que también esté archivada ya la propuesta para endurecer el control de las Sicav -el vehículo de inversión que utilizan las grandes fortunas individuales- o los nuevos impuestos a las transacciones financieras o a determinadas actividades digitales, que se había bautizado como «tasa Google». Todo papel mojado.