El nuevo juez de 'Lezo' rebaja la fianza a una exdirectiva de Canal en prisión

Según fuentes jurídicas, el magistrado ha rebajado de cuatro millones a 100.000 euros la fianza a la exdirectora financiera del Canal, María Fernanda Richmond, para salir de prisión, donde se encuentra desde el pasado 21 de abril. Su defensa solicitó ayer esta reducción tras declarar su cliente en el juzgado a petición propia. Ahora la Fiscalía Anticorrupción podría recurrir la resolución ante la sala.

Coincidiendo con la llegada del nuevo juez, otros imputados en la causa han solicitado volver a declarar, entre ellos Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de la filial del Canal en Colombia, Inasa, y considerado "mano derecha" del expresidente madrileño Ignacio González, ambos en prisión sin fianza. Rodríguez Sobrino declarará el próximo martes.

En cuanto a Richmond, declaró para aclarar ciertos aspectos de su gestión, que consideraba que no había podido detallar cuando fue detenida al no estar en ese momento en condiciones para ello, dado que compareció ante el juez Eloy Velasco el 20 de abril a las 22:00 horas tras permanecer en calabozos seis horas.

A la conclusión de su declaración, que se prolongó dos horas y media, Richmond trató de aclarar al juez las acciones en las que intervino con respecto a la compra irregular de la empresa brasileña Emissao, hechos por los que se le acusa de delitos de organización criminal, prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos.

Por estos mismos hechos está acusado el exgerente del Canal Adrián Martín, quien quedó en libertad tras pagar 100.000 euros de fianza, y en ello se apoyó el abogado de Richmond para solicitar al juez una rebaja de la fianza de su clienta y se la equipare a la de su jefe en el Canal de Isabel II.

El pasado junio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó la prisión provisional de Richmond y no vio "desproporcionada" la fianza impuesta para eludir la cárcel, tal y como alegaba su defensa.

La sala entendió que en su caso persistía el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas al estar investigada por "desvíos de dinero público madrileño (unosd 25 millones) que así pasaban a cuentas bancarias en terceros países con opacidad" y de este modo enriquecía "a determinadas personas" a costa de la desaparición del patrimonio del Canal.