El Govern esquiva la sentencia sobre el 25% del español

El Govern catalán no cumplirá la sentencia judicial que le obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. La justicia le dio dos meses para que le informara cómo aplicaría ese fallo judicial. Ese plazo expira este próximo viernes. El consejero de Educación de la Generalitat, Josep González Cambray, ha anunciado este martes que la respuesta que dará al TSJC es el desarrollo de un «nuevo marco normativo», que garantizará que todos los niños adquieran plenos conocimientos de catalán y español al final de cuarto de la ESO. Con este decreto, el Govern asegura que cumple con las leyes catalana y española de educación. Pero no incluye la «aplicación de ningún porcentaje» de castellano, tal y como establece la sentencia, pues a su juicio no responde a un criterio pedagógico. El Gobierno catalán se escuda en un informe presentado ayer por el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), que asegura que no es necesario aplicar las sentencias porque el porcentaje del 25% de uso del castellano ya se supera en lo centros educativos, aunque incluía en ese porcentaje el recreo y el comedor.

El consejero ha afirmado que, con el nuevo decreto, los centros no deberán modificar sus planes lingüísticos, cree que el uso del catalán se incrementará en los próximos cursos y no ha negado que habrá escuelas que seguirán con porcentajes de presencia del español en las aulas inferiores al 25%. El decreto, según Cambray, «fortalecerá el modelo lingüístico de la escuela catalana, dotará de mayor seguridad jurídica a los centros educativos« y se «adaptará» a la realidad sociolingüística de cada escuela. El Govern se sumará además a las movilizaciones convocadas para mañana por sindicatos nacionalistas en defensa de la inmersión y en contra de las sentencia del castellano, que califican de «injerencias y ataques continuados».

El Govern gana tiempo y espera sortear con este decreto la sentencia judicial. La duda es qué respuesta dará el TSJC ante el movimiento de Educación y si con la aprobación de este marco normativo dará por cumplido el fallo judicial. El Ejecutivo central puede tener un papel clave a partir de ahora. Y es que, superado el periodo de dos meses para ejecutar la sentencia, las partes del proceso judicial, entre ellas el Gobierno, pueden instar a la justicia a la ejecución forzosa del fallo. Cambray ha reconocido conversaciones con el Gobierno. En la parte catalana esperan que el Ejecutivo no vaya más allá de las meras declaraciones de que la sentencia se ha de cumplir, como ha hecho hasta la fecha la ministra de Justicia, Pilar Llop. «Estamos en un Estado de derecho y en un Estado de derecho se respeta la ley, la Constitución y las sentencias», afirmó meses atrás. También podrá exigir la ejecución forzosa la entidad AEB, que aboga por el bilingüismo. El Govern no ha avanzado qué hará en ese supuesto.

De momento, el TSJC ha denegado levantar cautelarmente la orden de impartir el 25% de las clases en castellano que fijó en un aula de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) como pidió un conjunto de familias del centro. El juez destaca que la sentencia que fija un 25% de castellano en toda la educación catalana ya es firme desde el pasado diciembre y que la ley comporta «necesariamente el uso vehicular» de catalán y castellano. En el centro, 28 familias han presentado este jueves un escrito de oposición a la demanda de los padres que pidieron la escolarización a partes iguales entre catalán y castellano.

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