El Gobierno levanta la ley de secretos oficiales para aclarar el robo de papeles de Bárcenas

Luis Bárcenas. /Víctor Lerena
Luis Bárcenas. / Víctor Lerena

Autoriza al juez conocer si la anterior cúpula policial usó fondos reservados para captar al chófer del extesorero del PP y recuperar documentos

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

El Gobierno dio este viernes su consentimiento a la petición del juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, instructor del 'caso Tándem', la causa que investiga las actividades parapoliciales del excomisario preso José Manuel Villarejo, para acceder a información reservada de gastos secretos en el Ministerio del Interior. El objetivo es aclarar los pormenores de la llamada 'operación Kitchen', un plan policial secreto ejecutado en 2013, durante la etapa de Jorge Fernández Díaz, para intervenir documentos del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre la 'caja B' y que podrían involucrar a altos cargos del partido.

El anuncio fue realizado este viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Ejecutivo recibió la solicitud por parte del Consejo General del Poder Judicial para que se procediera al levantamiento de documentación reservada y se siga investigando la pieza separada del 'caso Tándem' en el Juzgado Central de Instrucción número seis. La autorización se rubricará «seguramente» en el Consejo de Ministros» de la semana que viene.

La desclasificación de este material será sólo para conocimiento de la Fiscalía y de De Egea, el juez que envió a prisión preventiva hace un año a Villarejo, a quien se señala como urdidor del plan en la que se captó al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos. El juez pretende levantar el velo para que cualquier individuo que tenga información, sea investigado o testigo, pueda exponerla.

El chófer, 2.000 euros al mes

En el plan habría estado implicado no solo Villarejo, sino también su socio, el comisario Enrique García Castaño, investigado en 'Tándem'. Ambos habrían convertido en confidente al chófer de Bárcenas a cambio de una mensualidad de 2.000 euros con cargo a fondos reservados.

No sería la primera vez que un Gobierno desclasifica documentación secreta a instancias de un juez. Sucedió con los informes del CNI sobre los atentados de 2004 o el atestado del siniestro del helicóptero Cougar en Afganistán en 2005, en el que murieron 17 militares.

En todo caso, la actual diligencia se desvincula de las peticiones elevadas por el comisario García Castaño, cuyo abogado, el exjuez de la Audiencia Baltasar Garzón, viene solicitando al instructor que curse petición al Consejo de Ministros para declarar sobre secretos oficiales. Sin embargo, el juez no ha pedido permiso para él, que podría solicitarlo individualmente al Gobierno, sino que solicita que se desclasifique todo el operativo que afectaría a la anterior cúpula policial, liderada por el comisario Eugenio Pino, investigado por el 'pen drive' introducido en el 'caso Pujol.

Del mismo modo, el Congreso ha citado el 11 de diciembre en la comisión sobre la financiación del PP al exministro Fernández Díaz y al que fuera director de la Policía, el senador Ignacio Cosidó. Y el 18 acudirán el chófer de Bárcenas y el empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal.

 

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