Los efectos colaterales de la sentencia del 'procés'

Un momento del juicio del procés. /Efe
Un momento del juicio del procés. / Efe

El tribunal ultima la redacción de un fallo que tendrá consecuencias directas en los ámbitos político, social y judicial

MELCHOR SÁIZ-PARDO y MATEO BALÍNMadrid

El Tribunal Supremo ultima la redacción de la sentencia del 'procés' tras más de cien días de deliberación. La intención de la Sala presidida por Manuel Marchena es dictar la resolución antes del 16 de octubre, fecha en que se debería celebrar una vista para prorrogar los dos años de prisión preventiva de los 'Jordis'. El tribunal se ha blindado contra las filtraciones, lo que incluye un refuerzo de los medios tecnológicos que han usado los siete magistrados para comunicarse y prevenir ataques informáticos.

Para examinar los hechos, y dilucidar si hubo o no la violencia suficiente para consumarse el delito de rebelión, los jueces se han repartido el trabajo en bloques temáticos. Pero siempre bajo la supervisión del ponente Marchena para dar forma al relato. La unanimidad era una de las condiciones marcadas en rojo antes de comenzar las deliberaciones porque se trata de una «sentencia de Estado», comentan en el alto tribunal. El fallo «no debería dejar cabos sueltos ni divisiones» porque se va a mirar con lupa.

En suma, las consecuencias que traerá el resultado de esta histórica resolución tendrán un efecto directo en los ámbitos político, social y judicial durante los próximos meses e, incluso, años. Estas serán las consecuencias inmediatas de una sentencia que se prevé dura.

Entre Trapero y el 1-O. El tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará a partir del 20 de enero a la cúpula de los Mossos d'Esquadra durante el 'procés' aguarda expectante lo que diga la resolución. Del relato que hagan sus colegas del Supremo sobre el papel de la policía autonómica en el 'procés' pende el futuro procesal del mayor José Luis Trapero, que se enfrenta a once años de prisión por un delito de rebelión. Otra causa directamente afectada es la que se sigue en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona contra los promotores del referéndum ilegal. Sobre todo en lo que concierne al coste que tuvo el 1-O para sustentar el delito de malversación de caudales públicos que se imputa a los 30 procesados.

La euroorden contra Puigdemont. Una sentencia condenatoria devolverá el foco sobre el juez que instruyó el 'procés', el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En su mano está reactivar las euroórdenes contra los procesados en rebeldía, entre los que se encuentra el considerado principal responsable Carles Puigdemont. Las fuentes consultadas comentan que existen muchas opciones de volver a la carga tras el fracaso de la vía alemana. En la Fiscalía lo tienen más claro, ya que el relato de hechos «dará más fuerza» a la petición de entrega ante los tribunales belgas, suizos, escoceses o alemanes. Las acusaciones más graves (rebelión) recaen sobre Puigdemont, Marta Rovira, Clara Ponsatí y Antoni Comín. Se aventura otra batalla europea.

'Otoño caliente'. El independentismo radical se está organizando ya para responder en la calle de forma «inmediata» a la publicación de la sentencia. Los CDR, partidos independentistas y colectivos civiles secesionistas como la ANC y Òmnium Cultural se han unido en una plataforma denominada 'Tsunami Democràtic'. Esta iniciativa, que ya cuenta con más de 100.000 seguidores en las redes sociales, ha prometido responder al fallo del Supremo provocando «una situación de crisis generalizada al Estado español que se prolongará en el tiempo». En 'Tsunami' ha cristalizado el llamamiento que en vísperas del pasado 1-O de octubre hicieron los colectivos independentistas para responder a la sentencia de forma unitaria y multitudinaria. Este movimiento, que está intentando atraer a los sectores más moderados del independentismo sacudiéndose la etiqueta violenta de los CDR, programa acciones para bloquear vías como acampadas en lugares claves de las ciudades o marchas multitudinarias por autovías.