Ciudadanos afronta su primer caso por corrupción con la detención del alcalde de Arroyomolinos

Albert Rivera. /Javier Soriano (AFP)
Albert Rivera. / Javier Soriano (AFP)

Aplica el código que ha exigido al resto de partidos y suspende al regidor madrileño y a otros dos cargos de León

María Eugenia Alonso
MARÍA EUGENIA ALONSOMadrid

Ciudadanos engrosa desde este martes la larga lista de partidos golpeados por la corrupción. El alcalde la localidad madrileña de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, uno de los escasos regidores de la formación liberal, que en las elecciones municipales de 2015 concurrió por primera vez en toda España, fue detenido en el marco de la 'operación Enredadera' contra el amaño en la contratación de sistemas de control de tráfico. «A nadie le cabe duda de que a Ciudadanos no le temblará el pulso», remarcó el secretario general, José Manuel Villegas, poco antes de conocerse el arresto de Ruipérez.

El primer edil llegó a Ciudadanos tras ser descabalgado del PP, quien le colocó al frente de Protección civil en el municipio madrileño. Tras coquetear durante meses con el Partido Independiente de Arroyomolinos y con UPyD, aterrizó en las filas naranjas para montar el partido en esta localidad de apenas 30.000 habitantes, la segunda más relevante de las comandadas por los de Albert Rivera tras Mijas (Málaga).

Confirmada la detención de Ruipérez, la dirección naranja ha aierto una investigación interna y le ha suspendido «inmediatamente» de militancia. A él y a los otros dos cargos del partido implicados en la trama corrupta, Juan Carlos Fernández y Sadat Maraña, que desempeñan su trabajo en la diputación de León. El primero es diputado en esta institución además de portavoz del Ayuntamiento de San Andrés de Rabaneda, mientras que el segundo desempeña funciones de asesor.

Maraña, uno de los rostros más visibles de Ciudadanos en Castilla y León, recaló en la formación liberal tras engrosar las filas de UPyD. En 2016, se aupó como coordinador provincial, pero se vio forzado a dimitir tras descubrirse que falseó su currículum.

Desde la cúpula naranja se insiste en que, si durante la investigación surgen nuevos casos de militantes que «tengan que declarar ante el juez», se les aplicará el mismo procedimiento que con los tres militantes suspendidos. En caso de confirmarse su imputación serán expulsados del partido, tal y como recogen sus estatutos.

Ciudadanos intenta así aplicar el mismo código que ha exigido al resto de partidos de apartar a los investigados de la vida pública. Un compromiso que obligaron a adquirir al PP para reelegir a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y al PSOE en el pacto de investidura de Susana Díaz, por el que Manuel Chaves y José Antonio Griñán tuvieron que renunciar a sus escaños en el Parlamento de Andalucía tras ser investigados por el 'caso de los ERE'.

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