Borrell justifica el envío de bombas a Arabia porque no causan daños colaterales

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell (i), junto a la presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores, María Dolores de Cospedal. /Fernando Villar (Efe)
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell (i), junto a la presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores, María Dolores de Cospedal. / Fernando Villar (Efe)

Amnistía Internacional recuerda tres ataques en Yemen con este material y sostiene que Robles «no ha cumplido su palabra»

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

Ante el silencio del Ministerio de Defensa, el titular de Exteriores, Josep Borrell, fue el miembro del Gobierno que dio la cara para explicar la decisión final de enviar a Arabia Saudí las 400 bombas de precisión láser vendidas por 9,2 millones de euros. Lo hizo después de que el departamento de Margarita Robles ordenara este miércoles el traslado del material después de paralizar hace dos semanas la ejecución del contrato ante las sospechas de que las bombas pudieran ser usadas contra la población en la guerra civil de Yemen.

Las presiones internas y externas llevaron a Defensa a rectificar su postura inicial ante el riesgo de que acabara afectando a la construcción por parte de Navantia de cinco corbetas con destino a Riad. Un megacontrato valorado en 1.813 millones y que generará 6.000 empleos directos e indirectos los próximos años en los astilleros de Cádiz y Ferrol.

Borrell justificó que las bombas, pertenecientes al Ejército español pero de fabricación estadounidense, se destinarán a Arabia Saudí porque «no ha encontrado ninguna razón» para incumplir el acuerdo. Una decisión que se ha adoptado, dijo, tras una semana de «trabajo intenso» por parte de varios ministerios, entre ellos el suyo, sin que se hayan detectado irregularidades.

La garantías exigidas a Riad para retomar el envío fueron justificadas por el ministro con estas palabras: «Se trata de armamento de precisión (destinado a objetivos militares) de alta resistencia. Con este tipo de armas no puede haber esos bombardeos producidos con armas menos sofisticadas, un poco lanzadas al azar, y que provocan esa clase de tragedias que todos condenamos», señaló en una entrevista a Onda Cero. «Este contrato está firmado hace tres años, ha pasado tres veces por la comisión interministerial que autoriza la venta de armas y no hemos encontrado ninguna razón para incumplirlo», reiteró.

Borrell relató la «lógica inquietud» ante algunos escenarios bélicos, no sólo en Yemen, el hecho de que Defensa haya revisado también todos los contratos pendientes de venta de armas. «Creyó detectar en ese (el firmado con Arabia Saudí) alguna circunstancia que le llamaría la atención, como el hecho de que no era una venta de armas por parte de una empresa que las fabrica, sino que era parte del 'stock' de munición del propio Ejército», explicó Borrell para salvar la cara a su compañera Robles, que ha decidido mantener el silencio sobre este asunto.

«La presión les ha podido»

La noticia, como era de esperar, causó una «gran decepción» entre las ONG que forman parte de la campaña 'Armas bajo control'. «La decisión hace que España sea potencialmente cómplice con los crímenes de guerra en Yemen. Sabíamos que iba a ser difícil pero es decepcionante que el Gobierno no haya sabido mantener la presión a diferencia de otros países como Canadá, que sí lo ha hecho pese a las represalias posteriores de Riad», aseguró Alberto Estévez, de Amnistía Internacional.

El portavoz de la campaña respondió a Borrell al asegurar que hay pruebas documentales en manos de organismos como la ONU en las que se muestra el uso de estas bombas compradas a otros países. Detalló el ataque a una vivienda en Sadah, al norte de Yemen, en agosto de 2017; el caso de la niña Bouthaina en septiembre de 2017, que perdió a su padre y cinco hermanos en un ataque saudí en la capital Saná; o el bombardeo contra un hospital de Médicos Sin Fronteras en agosto de 2016. «Los mecanismos de verificación son inexistentes», aseveró Estévez.

Recordó asimismo que está en juego el cumplimiento del tratado sobre comercio de armas ratificado en 2014. «Robles no ha cumplido su palabra ni tampoco el Gobierno», zanjó.

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