Los abogados del Ayuntamiento de Oviedo advierten de «comportamientos impropios de funcionarios»

José Manuel López, antes de su destitución como jefe de la Poliía Local de Oviedo, con el alcalde de la capital asturiana./Mario Rojas
José Manuel López, antes de su destitución como jefe de la Poliía Local de Oviedo, con el alcalde de la capital asturiana. / Mario Rojas

Destacan la excepcionalidad de convertirse en acusación particular contra los dos mandos imputados en el 'caso Enredadera'

JUAN CARLOS ABADOviedo

El informe de los abogados municipales que sirve de base para que el Ayuntamiento de Oviedo se persone como acusación particular en la causa abierta tras la 'operación Enredadera', justifica la necesidad de hacerlo, «con todas las cautelas», en las actuaciones «a todas luces impropias de unos funcionarios públicos» relatadas en el auto del Juzgado número 2 de Badalona.

Suficientemente neutro y, a la vez, fundamentado en los hechos recogidos en el auto judicial, el dictamen de Abogacía Consistorial deja margen de maniobra para que el equipo de gobierno tome la decisión política de convertirse, sin ataduras, en parte acusadora contra el exjefe de la Policía Local, José Manuel López, y el subcomisario del área Técnica, a los que se les imputan diferentes delitos contra la Administración. Algo que hará, como anunciaron, en una junta de gobierno programada para mañana jueves.

Porque las reticencias de los abogados municipales de recomendar la personación en la causa hablan de «la gravedad que supondría un posicionamiento explícito de esta administración local, al menos en este momento inicial del proceso penal (...) en contra de dos de sus empleados públicos». No es lo habitual, recoge el informe, que un ayuntamiento se coloque en la tesitura de acusar a dos funcionarios y que la práctica habitual seguida por el Consistorio en causas penales es la de dejar trabajar al Ministerio Fiscal y, en todo caso, colaborar en lo que este requiera.

Sin embargo, «el concierto de voluntades» con otras personas de «la trama corrupta al objeto de facilitar la irregular adjudicación de contratos en favor de la mercantil Aplicaciones Gespol», relatan los abogados, es material indiciario suficiente como para que el equipo de gobierno decida personarse en la causa. «Ante la escasez de datos de los que se dispone en este momento, no puede negarse que los intereses públicos municipales se encontrarían -o podrían encontrarse- afectados», añaden los letrados antes de indicar que el simple ánimo de obtener información no es suficiente para convertirse en acusación particular. De ahí, también, la «gravedad» y excepcionalidad de la tesitura en la que se encuentra el Consistorio.

Pero hay más, como adelantó 'EL COMERCIO', la 'operación Enredadera' obligará a fiscalizar los contratos del área de Seguridad Ciudadana. Desde que los agentes de la UDEF irrumpieron en el Ayuntamiento y en las dependencias de la Policía Local, aumentaron las sospechas de que pueda haber más licitaciones afectadas que la de las emisoras o la de modernización. Cuando se supo que a José Manuel Torres, exjefe de Bomberos, también se le habían practicado escuchas, sobre el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, también se extendió la sombra de la duda.

De esta manera, «visto el conjunto de actuaciones que se predican de los empleados públicos investigados», el informe jurídico justifica que «el Ayuntamiento no debería dilatar la incoación de los oportunos procedimientos dirigidos a la exhaustiva fiscalización de todos aquellos expedientes» en los que hubieran participado tanto López como Torres.

En la línea de lo anunciado días atrás por miembros del equipo de gobierno, el análisis de las licitaciones comprenderá un periodo de diez años atrás y también se investigarán aquellos contratos que no llegaron a adjudicarse. Si la labor fiscalizadora encontrara indicios de irregularidades, los jurídicos añaden que «debería determinar la puesta en conocimiento, de forma inmediata al Ministerio Fiscal».

La oposición

El equipo de gobierno conoció el lunes el informe jurídico. Ayer, con un día de retraso, informó a la oposición. A la salida de la reunión, el edil del Grupo Municipal Popular y antiguo responsable del área de Seguridad Ciudadana, Gerardo Antuña, explicó que «estamos de acuerdo en el plazo que pone Abogacía Consistorial para la fiscalización de los contratos» y que «la personación en la causa es una decisión política y nos parece importante que la tome el gobierno municipal dado el momento procesal en el que se está». Añadió el edil, asimismo, que estamos «satisfechos con la información facilitada por el gobierno» y con la resolución de personarse, ya que interesa «a la administración municipal en su conjunto, no solo al gobierno actual».

«Nosotros, como no puede ser de otra manera, respaldamos esta decisión», añadió el portavoz de Ciudadanos Luis Pacho. La formación liberal había sido -junto con Somos- la otra fuerza que había insistido en la necesidad de personarse en la causa. Ahora, «tenemos un informe favorable por parte de Abogacía Consitorial acerca de la posibilidad de hacerlo». En cuanto a la auditoría del área, Pacho agregó que «nos parece correcto. Todo lo que sea ahondar y sacar a la luz irregularidades que pueda haber se tiene que hacer».

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