Naturgy busca un plan de adecuación para los 80 trabajadores que componen la térmica de La Robla

Imagen de la central térmica de La Robla./
Imagen de la central térmica de La Robla.

La compañía contempla soluciones consensuadas, mediante continuidad en los trabajos de desmantelamiento, la reubicación en otras unidades de la empresa, o mediante salidas pactadas

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Naturgy ha presentado la solicitud de cierre de la central La Robla tras haber comprometido, dentro del actual plan estratégico de la compañía, «una inversión de 1.000 millones de euros en el desarrollo de parques de energía renovable en España, de los que 300 millones se ejecutarán en Castilla y León».

La compañía asegura a leonoticias que también ha trasladado a las administraciones autonómicas que se ha diseñado un plan de adecuación para los 80 trabajadores que componen la plantilla y que contempla «soluciones consensuadas» que podrán ir desdes la continuidad en los trabajos de desmantelamiento, la reubicación en otras unidades de la empresa, o mediante salidas pactadas.

En lo referido a los empleados de las empresas auxiliares, Naturgy asegura que «hará lo posible por favorecer su contratación para acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento de la planta, así como para el desarrollo del plan alternativo».

Adicionalmente, Naturgy insiste a este medio que «ya está trabajando en propuestas de planes para la zona, con el objetivo de promover el desarrollo de actividades económicas». Tal como aseguran estos «proyectos se concretarán especialmente en generación renovable, iniciativas de movilidad sostenible, con un impulso decidido a la implantación del gas natural para transporte terrestre, ferroviario y marítimo, así como proyectos de gas renovable que se desarrollarán en la comunidad autónoma», donde Naturgy ha invertido en los últimos cinco años más de 1.000 millones de euros entre todas sus actividades.

El cierre de esta planta se enmarca, según explica la empresa, dentro de un nuevo contexto regulatorio, medioambientalmente más exigente y eficiente, «en el cual es obligatorio afrontar nuevas inversiones para que las plantas puedan continuar funcionando más allá de 2020». Además, recuerdan que «los actuales precios de mercado, el mayor coste del precio del CO2 y las tasas medioambientales han agravado la viabilidad económica de estas plantas». Por lo que aseguran que la decisión está en línea con los objetivos de la política regulatoria europea y española para avanzar hacia la descarbonización del sistema.