Los procuradores alertan de que se van a acumular medio año de retrasos en la Justicia leonesa
La situación de colapso que se está viviendo en el sector se habría visto muy aliviada «si dicha administración se hubiera dotado, a tiempo, de los medios humanos y materiales necesarios para que el teletrabajo«
El Colegio de Procuradores de Leónha mostrado «su más absoluto rechazo» a las medidas de agilización de la justicia adoptadas por Real Decreto -Ley 16/2020 de 28 de abril, pues en contra de lo manifestado por el Ministerio de Justicia, «las mismas no han sido consensuadas por los profesionales que a diario prestan su servicio a los ciudadanos» en los Tribunales de Justicia, procuradores, abogados y graduados sociales.
En una nota de prensa explican desde el Colegio de Procuradores que «la Administración de Justicia sufre graves problemas, que la actual crisis sanitaria no ha hecho más que agudizar». La situación de colapso que se está viviendo en el sector se habría visto muy aliviada «si dicha administración se hubiera dotado, a tiempo, de los medios humanos y materiales necesarios para que el teletrabajo se hubiera podido desarrollar».
Desde la declaración del estado de Alarma, hace casi dos meses, los plazos procesales y las vistas se encuentran suspendidas y por tanto la justicia totalmente paralizada (salvo para materias declaradas esenciales, que son reducidas). «Cuestión difícil de entender y aún más difícil de explicar al justiciable, en una administración que presume de su nivel de informatización, del «papel cero», y que tiene a su disposición 10.000 procuradores, profesionales con sus despachos perfectamente adaptados a las nuevas tecnologías y que no están de vacaciones», aseguran en su comunicado.
Llegados a esta situación se pretende salir de la misma con medidas contradictorias que van en contra de la agilización, «sorprende que se recoja como una solución estrella para acelerar la justicia, que cuando finalice el Estado de Alarma, en el computo de los plazos suspendidos se ponga el contador a cero, no teniendo en cuenta los días ya transcurridos cuando sobrevino esta situación», alertan.
Tras estas premisas desde el Colegio de Procuradores aseguran que las consecuencias serán para el justiciable: «sus expectativas judiciales, el poder materializar (entre otras, cobrar) lo establecido en sentencia se van a dilatar como mínimo medio año y esto el Ministerio de Justicia lo contempla como agilización de la misma».
