Piden 45 años de prisión para un grupo que estafó a empresas de obra pública
Los acusados alquilaban maquinaría que posteriormente vendían por todo el territorio nacional e incluso fuera de España operando desde la provincia leonesa
Nueve acusados de un entramado de estafas se sentarán en el banquillo de los acusados a partir de este lunes 13 de noviembre en la Audiencia Provincial de León. Los acusados, todos ellos mayores de edad, formaban parte de un entramado para obtener beneficios económicos ilícitos mediante el engaño. Y así, realizando cada uno de ellos una actividad concreta, pero perfectamente coordinada, lograron defraudar a diferentes empresas nacionales dedicadas a la ejecución de obra pública en distintas provincias.
Con estas estafas se apropiaron de diferente maquinaria, sabiendo que no iban a pagar el precio acordado. Además, tenían previsto venderla a otras personas a precios sustancialmente inferiores al valor real. Parte de la maquinaria fue recuperada, sin embargo, otras ventas se llevaron a cabo con compradores de fuera de España, por lo que fue imposible su localización.
La organización de la red
En ejecución del plan concebido, dos de los acusados, ÁCD y JCA, contactaban telefónicamente con la empresa que disponían de las máquinas para alquilarlas, y fingiendo ser el responsable de otras entidades que eran conocidas en el ámbito de su actividad, conseguían los contratos. Los acusados utilizaban diferentes nombres y alteraban los sellos de la empresa que supuestamente alquilaba la maquinaría.
Cuando ya tenían en su poder las máquinas, los acusados: LGC, GAG, JST, RHR, CBG y AVV, ofertaban la venta de las mismas a terceros, quienes conocedores de su origen, las compraban, y se las transmitían en algún caso a otras personas que residían fuera de España. De este modo, cuando llegaban las reclamaciones de las empresas propietarias cuando conocían el engaño era imposible localizarlas al haber desaparecido en gran parte de los casos.
El acusado IAA, conocedor de la procedencia de la maquinaria, la compraba a un precio muy bajo con la finalidad de venderla por un importe sustancialmente más elevado. Los hechos perpetrados por los imputados tuvieron lugar entre los años 2013 y 2014.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito continuado de estafa. Por todo ello, pide imponer a cada uno de los acusados una pena de cinco años de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de 10 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
