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La organización WWF vincula el auge de incendios en León con la desertización del mundo rural

Incendio sufrido en León. /
Incendio sufrido en León.

Un estudio realizado sobre incendios forestales en el noroeste de la península aboga por la revitalización del territorio con políticas que fijen población para conseguir «bosques más resistentes al cambio climático que no los devore el fuego»

MIRIAM BADIOLA

«Si se superpusiera el mapa de las zonas quemadas en los últimos años con el mapa de las zonas que más se han despoblado en el noroeste de la península ibérica, incluyendo León y Zamora, se comprobaría que coinciden casi al cien por cien». Así lo asegura la propuesta ibérica para la prevención de incendios realizada por WWF España y ANP / WWF Portugal.

El estudio, centrado en el noroeste de la península ibérica, apunta hacia «la existencia de graves conflictos sociales y económicos que continúan sin ser resueltos desde hace décadas», como motivo por el que podrían producirse los grandes incendios de los último años «casi siempre en las mismas zonas».

Así, casi el 65 por ciento de los incendios se producen en el noroeste peninsular, noroeste ibérico aún más, donde hasta en el 99 por ciento de los siniestros está detrás la mano del ser humano. Además, durante 2017 el número de grandes incendios se incrementó casi en un 200 por ciento respecto a la media de los últimos diez años.

Entre las principales razones para considerar que el noroeste de la península es «un territorio inflamable», WWF se refiere a la «existencia de aldeas en peligro de extinción», lo que conlleva que las zonas quemadas en los últimos años coinciden casi por completo con las zonas que más se han despoblado.

A ello se sumaría el abandono forestal, el abandono agrario, el caos territorial que se produce en provincias como León, «con un particular sistema de organización tradicional de la población» y las condiciones bioclimáticas, que hacen que los inviernos sean templados y húmedos, lo que supone que la vegetación crezca muy rápidamente y «haya mucho combustible disponible».

Unas causas que llevan a la organización a hablar de «una nueva generación de incendios», a la que se refieren como «superincendios», que se producen en su mayoría fuera de los meses de alto riesgo de incendio, ya que el 55 por ciento de los nuevos incendios se produjo en octubre. Unos incendios «más virulentos» debido a su «fácil y extrema» propagación.

Por ello, se requiere, tal y como señala el informe, una nueva estrategia contra ellos, que se debe basar en la prevención. «Los grandes incendios no se apagan con agua, sino con planificación territorial y desarrollo rural; es preciso darle un futuro económico, ambiental y demográfico a las áreas que desde hace años se queman».

WWF propone también una nueva visión en cuanto al terrorismo incendiario, un concepto «que no se ajusta a la realidad» y que «obliga a hablar del arraigado uso del fuego en el noroeste, el abandono rural, la ausencia de gestión forestal, la nula planificación territorial que ha cercado los núcleos de población con altísimas cantidades de biomasa forestal, o la escasísima inversión en prevención real».

Asimismo, también se muestran partidarios de endurecer las penas, sino que abogan por incrementar el porcentaje de identificados y condenados por prender fuego, ya que en la actualidad, según datos extraídos del informe, se identifica al nueve por ciento de los causantes de incendios y «un muy pequeño porcentaje cumple condena».

Ante todo ello, WWF propone una Estrategia Ibérica para la Prevención de Incendios, basada en conocer las zonas de alto riesgo riesgo, promover una gestión colectiva y participada del territorio que tenga como finalidad diversificar usos y buscar aprovechamientos alternativos, conocer, ordenar y acotar las plantaciones forestales de eucalipto y pino, promover un programa específico que incentive y compense a aquellos propietarios que apuesten por plantaciones de frondosas, estimular la agrupación de propietarios y dotarles de capacidad técnica para promover programas de gestión comunes y rentables a escala del paisaje y la búsqueda de políticas efectivas de desarrollo rural que fijen población, generen empleo y apoyen la producción sostenible, extensiva y de calidad.

No obstante, también será necesario «reducir la alta siniestralidad acabando con la impunidad», y conocer el cambio climático para promover la transición energética hacia un modelo eficiente y renovable.

 

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