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Concentración a las puertas de los Juzgados de León. Inés Santos

La Justicia 'para' en la provincia y exige la retirada de la Ley que «abre la puerta a la movilidad forzosa»

León cuenta con 600 funcionarios interinos o titulares que se verían afectados «gravemente» por esta modificación | Durante los próximos días se llevarán a cabo parones parciales y el 16 de noviembre está convocada una huelga general

RUBÉN FARIÑAS

León

Martes, 6 de noviembre 2018, 12:07

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Los funcionarios de Justicia de la provincia de León han iniciado una serie de parones que culminarán con una huelga general el próximo 16 de noviembre.

Un grupo de titulares e interinos han mostrado a la puerta de los Juzgados de León su rechazo a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afecta «gravemente a nuestras condiciones de trabajo».

Este cambio entiende por centro de destino a todos los que radican dentro del mismo municipio y abre la puerta a la movilidad forzosa con los problemas de asignación de tareas, funciones, cambio de edificio y órdenes de jurisdiccional que creen que esta nueva situación acarreará.

La provincia de León cuenta con alrededor de 600 funcionarios de justicia. Los titulares se verán afectados por la modificación de la Ley por la movilidad forzosa dentro del mismo municipio; y los interinos porque se prohíbe el nombramiento de funcionarios de refuerzo cuando se nombre jueces de refuerzo. «Cuando hay una baja interina no se va a cubrir esa vacante y se carga sobre el resto su trabajo, que en muchos destinos ya es asfixiante», denuncian.

Con los cambios, y si estos pasan los trámites de las enmiendas en el Senado, se les podrá asignar a cualquier centro de trabajo a los funcionarios de Justicia. Antes, esta medida se tomaba mediante concurso, pero ahora no se ha regulado cómo y quién decidirá dónde se asigna a los empleados públicos. «No va a ser voluntariamente, sino forzoso, sobre unos criterios que dicen ser objetivos; pero no hay nada más objetivo que un concurso de traslado, donde se tiene en cuenta la antigüedad del funcionario».

Los sindicatos Csif, Staj, CCOO y UGT consideran «muy grave» este cambio de criterio de especialización en el que no se contemple la normativa con las condiciones de los trabajadores, al no haber pasado por la mesa de negociación.

Las movilizaciones y la huelga anunciada para la próxima semana son fruto del desacuerdo entre el Ministerio de Justicia y su administración debido a la reforma drástica que plantea Dolores Delgado, y sin haber aprobado los descuentos por baja ni el aumento de plantilla que reclamaban los empleados públicos.

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