El fiscal general del Estado visita León en plena polémica por su procesamiento

Expectación este miércoles a las puertas del Auditorio Ciudad de León por la visita del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en uno de los primeros actos fuera de Madrid a los que acude tras confirmar el Tribunal Supremo su procesamientopor un delito de revelación de secretos vinculado a la empresa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Participaba en la inuaugración del IV DATA fórum Justicia que se celebra hasta el viernes en la capital leonesapara «hablar y debatir sobre la importancia del dato en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas públicas en el ámbito de la justicia».

Ante los medios de comunicación rehusaba hacer declaraciones y se limitaba a participar en el acto y ocupar un sitio privilegiado en la primera fila junto al delegado del Gobierno en la comunidad, Nicanor Sen.

Sí lo hacía el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios, que lanzaba un mensaje de «tranquilidad» ante la situación actual judicial de la violencia de género y aseguró que el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial «trabaja desde hace meses para ampliar la plantilla de los jueces de violencia sobre la mujer, cuya plantilla se incrementará en un 50 por ciento, frente al aumento del 13 por ciento de la carga de trabajo con el cambio de competencias de las violencias sexuales.

Manuel Olmedo Palacios detalló en León que, con el cambio de competencias que opera de las violencias sexuales, que van a pasar a los juzgados de violencia sobre la mujer, el aumento de la carga de trabajo, según la medición del Consejo General del Poder Judicial, será alrededor de un 13 por ciento, mientras que el Real Decreto 422/2025 aumenta la plantilla de jueces de violencia en un 50 por ciento.

Este aumento de jueces se producirá «de forma paulatina», de manera que a lo largo de este mes de octubre ya habrá ya ocho jueces más trabajando, que es prácticamente un diez por ciento del total del incremento, mientras que los otros 50 se incorporarán en diciembre.

Además, el secretario de Estado de Justicia aseguró que durante estos meses se aprobarán medidas de refuerzo en todos aquellos Juzgados que pida el Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, detalló que a día de hoy el Consejo ya ha pedido ya 13 medidas de refuerzo y todas ellas han sido aprobadas.

«Los jueces van a poder realizar su trabajo en mejores condiciones porque se va a ampliar la plantilla y las víctimas van a ser tratadas por jueces especializados en violencia de género, por lo que van a estar en un proceso en el que se va a evitar su revictimización», finalizó Olmedo Palacios.

«Las impresiones o sensaciones mediáticas algunas veces van dirigidas a determinados fenómenos criminológicos absolutamente hinchados con datos que no son ciertos y a los que tenemos que responder con la verdad para que la sociedad juzgue, analice, vote o decida qué respuesta le quiere dar a cada uno de ellos». Así lo subrayó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz en la charla que impartió en el acto, quien resaltó la necesidad de «analistas de datos» que permitan «conocer por qué y de qué manera aplicar datos a determinados procesos y dar una respuesta penal a los fenómenos criminológicos».

Puso de relieve la importancia de los procesos de digitalización en la justicia y de la aplicación de nuevas tecnologías, pero principalmente, «del dato, su calidad y su fin», algo «importante no solo para los profesionales del derecho, sino para la repercusión que tiene en la ciudadanía», ya que permite «ir a mejor».

Como ejemplo de ello puso la digitalización del registro de antecedentes penales mediante una base de datos que garantiza que «la identidad de una persona es siempre la misma y no se va a aplicar un delito a una persona que no lo ha cometido el delito». A ello sumó algo que «todavía no desarrollado pero tendrá que llegar», como es que «diferente procedimientos que en diferentes lugares pueden ocurrir a la vez», de forma que «cuando se consiga que ese registro sea inteligente, se podrá ser más eficientes».

García Ortíz aprovechó la ocasión para trasladar la «preocupación» de la Fiscalía por «la parcelación de la gestión procesal dentro de la justicia española», debido a la existencia de «diferentes sistemas de gestión procesal», lo que genera que «existen diferentes velocidades, formas o maneras de manejar y que afectan a los ciudadanos», frente a lo que resaltó la «importancia» de la interoperatividad para que «los sistemas procesales se comuniquen entre sí entre las diferentes comunidades autónomas».

No obstante, más allá de esa interoperatividad entre comunidades autónomas, el fiscal general del Estado abogó por «aspirar a mucho más» y llegar a tener un único sistema de gestión procesal en todo el territorio, lo que permitiría «una única manera de dar respuesta a los ciudadanos de cómo se gestiona la justicia».

«La justicia española quiere afrontar los retos del futuro, asumir la investigación de los procedimientos y cambiar el modelo de justicia penal, al menos en sus inicios, y una manera de hacerlo es enseñando que sí es posible que todos tengamos la misma manera de gestionar los procedimientos», añadió.

En este sentido, aludió a la puesta en marcha de una herramienta digital que permitirá que todas las fiscalías de España manejen el mismo procedimiento de investigación preprocesal, algo que, «además de ser un avance», puede «demostrar que la Fiscalía está tecnológicamente preparada para asumir los nuevos retos de futuro».

Por este motivo, subrayó la importancia del portal 'La justicia en datos', como «un instrumento de conexión» para los 2.800 fiscales en toda España, que necesitan «el concurso de otros profesionales» y que las administraciones concurrentes ayuden también a su organización.

Para Álvaro García Ortiz, la implantación de las herramientas digitales «ayudan a avanzar en seguridad jurídica», algo que supone «un motor de desarrollo económico para un país,», porque «vivir en un país seguro es una herramienta de progreso económico», al ser «un reclamo para que la gente acuda al país».

Así, resaltó la importancia poder medir contingencias como el número de turistas que recibe España o el de inmigrantes acogidos en los últimos cinco años y compararlo con las estadísticas de delitos, lo que «permite saber que estos levemente han subido y seguimos siendo un país seguro».

El fiscal general del Estado aprovechó su participación en el IV DATA fórum Justicia para hacer un llamamiento a «no tenerle miedo a la Inteligencia Artificial», así como a «maximizar las posibilidades que da», como los análisis aplicados a los procedimientos que permitirán «ser muchísimo más eficaces».

«Entrar en el desarrollo de la IA nos va a permitir pensar qué es lo que tenemos que hacer de determinada manera y sobre qué tenemos que humanizar nuestro trabajo, lo que nos dejará destinar tiempo y esfuerzo al trato al ciudadanos y despegarnos de otros procedimientos, pero no debemos tenerle miedo, porque al final todo va a depender de la decisión última de una persona», apuntó al respecto.

No obstante, se mostró consciente de que «la digitalización es una maravilla pero también un agujero estrecho si se cuela quien no debe colarse», por lo que calificó de «fundamental» la ciberseguridad, convencido de que «el dato no solo hay que tenerlo y portarlo, sino también protegerlo y ser muy celosos ello». «La gestión de datos es sagrada, por lo que hay que maximizarla y ser auxiliados por quien lo hace mejor que nosotros», finalizó haciendo referencia al Instituto Nacional de Ciberseguridad.

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