La clase política centra la crónica judicial con el 'tsunami de la Enredadera' y el archivo del caso Caja España

Miembros de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía, registran el ayuntamiento de León. /Campillo
Miembros de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía, registran el ayuntamiento de León. / Campillo

La Audiencia de León ratificaba la prescripción del delito contra los miembros del consejo de administración de la entidad que aprobaron la refinanciación de una serie de préstamos a favor de empresas del que entonces era presidente de la entidad, Santos Llamas

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La clase política fue la protagonista de la crónica judicial del año, con sentencias absolutorias como la que recibió el exalcalde de Valladolid, en el caso de las comfort letters, el archivo del caso Caja España o la condena al exvipresidente de la Junta Jesús Merino en el juicio del caso Gürtell, en un año que también saltó a la luz pública la 'Operación Enredadera'.

Después de una instrucción que se remonta al año 2013, el pasado mes de septiembre la Audiencia Provincial de León archivaba el caso Caja España al desestimar el recurso interpuesto por Izquierda Unida y el Ministerio Fiscal, contra el auto del Juzgado de Instrucción Número 5 de León dictado el pasado en marzo. De esta forma, la Audiencia de León ratificaba la prescripción del delito contra los miembros del consejo de administración que aprobaron la refinanciación de una serie de préstamos a favor de empresas del que entonces era presidente de la entidad, Santos Llamas.

Pero mientras el caso de Caja España se cerraba, en noviembre se conocía que la excúpula de Caja Segovia se sentará en el banquillo de la Audiencia de Segovia el 22 de enero, fecha en la que comenzará el juicio por el caso del cobro de prejubilaciones millonarias por valor de 17 millones de euros.

Mientras tanto, el exdiputado del PP por Segovia y exvicepresidente de la Junta, Jesús Merino, fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y siete meses de prisión por los delitos de blanqueo y falsedad continuada, al haber cobrado comisiones de las empresas del grupo liderado por Francisco Correa por haber intermediado a su favor en la adjudicación de contratos públicos en Castilla y León. Además, el tribunal que juzgó el caso Gürtel condenó Merino a una pena de multa de cinco meses con una cuota diaria de 200 euros por un delito de cohecho.

Mejor suerte corrió el excalde de Valladolid, el también 'popular' Francisco Javier León de la Riva, que vio como en noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimaba íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Valladolid contra la sentencia de la Audiencia Provincial en el caso de las 'comfort letters' que le absolvía de tres delitos de prevaricación y falsedad documental, por los que la Fiscalía pedía nueve años de cárcel y 27 de inhabilitación.

En Valladolid también inició la vista oral en el caso PGOU, pero tras las sesiones iniciales, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid acordó el sobreseimiento del proceso para diez de los 14 acusados, al considerar prescritos los delitos presuntamente cometidos en relación a la manipulación cometida entre 2002 y 2007 para favorecer a determinados empresarios.

No obstante, el mayor terremoto político lo provocó la macro operación contra la adjudicación irregular de dispositivos de tráfico bautizada como Enredadera y que fue iniciada desde el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), bajo la dirección de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional y que en la Comunidad implicó el registro de cinco ayuntamientos de la provincia leonesa (León, San Andrés del Rabanedo, Astorga, Villaquilambre y Villarejo de Órbigo), además del de Palencia.

Fuera de la política, la Audiencia de Valladolid confirmó la sentencia de dos años y ochos meses de cárcel para el que fuera presidente provincial de Asaja, Lino Rodríguez, por un delito de continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de fraude de subvenciones, mientras que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Palencia condenó a Gas Natural y a Mapfre al pago de casi siete millones de euros, en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios por la explosión de gas de la calle Gaspar Arroyo de Palencia, acaecida hace once años y que dejó nueve muertos, más de una treintena de heridos y cerca de un centenar de damnificados.