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Castilla y León reclama al Gobierno de España 440 millones para financiar servicios básicos

Rueda de prensa en la sede del PP de León. / Noelia Brandón

El Partido Popular entiende que existen mecanismos, como la concesión de un crédito a interés cero, que salvarían el escollo de la 'funcionalidad' del Gobierno y aliviarían a las comunidades

Rubén Fariñas
RUBÉN FARIÑASLeón

El presupuesto completo de la Consejería de Agricultura -con exclusión de la PAC-, de Presidencia y Cultura juntas o de la mitad de Empleo. Esa es la cantidad que la Junta de Castilla y León reclama al Gobierno de España por los pagos a cuenta y la liquidación del pasado año.

En total, 440 millones de euros para la comunidad autónoma, que al igual que otras muchas, se están viendo «asfixiadas» por la imposibilidad de que un gobierno en funciones pueda remitir estos pagos a las pequeñas administraciones.

«Las comunidades autónomas, las diputaciones y las entidades menores están sufriendo el desdén y la parálisis de los servicios básicos de este país», ha asegurado el secretario general del PP de León.

José Miguel González Robles ha denunciado la «negligencia continua» del gobierno de Sánchez que no permite recibir la dotación que le corresponde a Castilla y León para cumplir con servicios básicos como educación o sanidad.

La financiación autonómica

Amparo Vidal, procuradora por León en Cortes, ha desgranado los pormenores de una financiación autonómica que, según afirma, «se pactó en 2009 entre Zapatero y la Generalitat» y que se defendió como «un traje a medida para Castilla y León, algo que ya nadie dice». Y es que, según los populares, la comunidad ha pasado de recibir el 7,12% al 6,39%, en 2018.

En 2019, a Castilla y León le corresponden 142 millones de euros, en concepto de liquidación del IVA, y 298 millones, por las entregas a cuenta. Para recibir dichas cuantías, el PP autonómico solicita que se articule un crédito a tipo cero cuya devolución sería con cargo a las entregas a cuenta y que superaría la barrera de la funcionalidad del Gobierno de España, algo que ya hicieron ellos en los años más duros de la crisis.

Mientras, el PP de Castilla y León llevará una moción a las Cortes y al parlamento para volver a abordar la financiación autonómica; acordar un modelo de consenso multilateral y que admita variables de dispersión, densidad, empobrecimiento o envejecimiento de la población; y que se actualicen los pagos a las comunidades.