El Ayuntamiento de León descarta responsabilidades políticas tras anular el TSJ la tasa de basuras
Mientras el alcalde estima pérdidas de «alrededor de medio millón de euros», el contraste entre las cifras presentadas en comisión y la memoria de la ordenanza eleva la cifra a 2,3 millones
El inicio de curso político se ha atragantado en el Ayuntamiento de León.
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Con la ordenanza de movilidad recientemente aprobada, que incluye la polémica Zona de Bajas Emisiones, y que tiene aún un ojo puesto en los Juzgados de León tras la denuncia presentada por el Partido Popular que sirvió para declarar «ilegales» las últimas peatonalizaciones, el traspiés llegaba la pasada semana con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que no se apelará.
El TSJ fallaba como «radicalmente nula» la tasa y la ordenanza de la recogida de basuras que había se había aprobado a finales de 2024.
La sentencia, adelantada por Leonoticias, ha supuesto un duro revés al equipo de gobierno y las arcas municipales, reclamando incluso la oposición la dimisión del concejal de Hacienda, algo que no ocurrirá.
El respuestas al último pleno, el portavoz Vicente Canuria explicaba que se consideraba que «nadie debía asumir responsabilidades» en el plano político. También se manifestaba a la espera de una decisión del equipo jurídico y económico del Ayuntamiento de León para saber cómo actuar ante la decisión judicial. Sí reconocía «no poder estar satisfechos» con la ordenanza que había sido anulada por el magistrado del TSJ.
Entrará en vigor la ordenanza derogada de 2024
La decisión tomada por el equipo de gobierno tras este fallo ha sido la de devolver los recibos de 2025 que ya habían sido girados, tal y como se trasladó a la Federación Leonesa de Empresarios. Y José Antonio Diez avanzaba la idea de retrotraer acciones y volver a poner en vigor la norma anulada de 2024. Esta situación conllevará un gasto extraordinario para que Correos curse los nuevos recibos.
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Esto supondrá un desajuste en las cuentas municipales que el alcalde cifraba en «alrededor de medio millón de euros», entre los 11,1 millones recaudados el último año y los 11,6 que se esperaban conseguir, según la memoria de la propia ordenanza. Sin embargo, estas cifras no se ajustan a las expuestas por el concejal de Hacienda en una comisión previa a la aprobación de la fallida ordenanza. A preguntas del Partido Popular, Carmelo Alonso cifró la recaudación obtenida en el último ejercicio en 9,3 millones de euros, por lo que el desfase presupuestario rondaría los 2,3 millones. De ahí la denuncia de un incremento «del 26% de media» en la factura.
Todo ello tras una ordenanza criticada por PP y Vox, y apoyada por UPL, en la que «tras 1.000 días» en vigor de la ley que obligaba a la revisión fue llevada a comisión en la misma semana de su aprobación. Posteriormente, el magistrado la tumbaría por un defecto de forma y no cumplir con el plazo de 30 días de exposición pública, afeando el propio tribunal la premura para avanzar con el trámite de su aprobación.
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