Los alcaldes de San Andrés y Villaquilambre fueron detenidos y no solo localizados en la Enredadera

María Eugenia Gancedo accede al interior del vehículo policial. /leonoticias
María Eugenia Gancedo accede al interior del vehículo policial. / leonoticias

Las órdenes del juez evidencian que el pasado 3 de julio se practicó su detención toma de datos y ficha policial | Sus representantes advirtieron que sólo se había ordenado su localización

J. CALVO | J.L. BARRIO | N. BRANDÓN

«Se trata de una diligencia ordenada por un juzgado de Badalona en la que se ordena la localización, pero en ningún caso hay detención». Esas fueron las palabras de la representación legal de la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, en el momento de su traslado a la Comisaría de Policía de esta localidad desde dependencias municipales.

Sin embargo los autos dados a conocer en las últimos días y la trascendencia pública de los 8.000 folios que componen la instrucción dentro de la 'trama Enredadera' evidencian que aquellas palabras no se correspondían con la realidad.

Tanto la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, así como el alcalde de Villaquilambre, Manuel García, fueron detenidos en aquella jornada.

No solo se les detuvo en el momento de ser localizados, sino que además fueron trasladados a dependencias policiales donde cumplieron con los procedimientos propios de quien ostenta tal condición: formulación de acusación (cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y revelación de secretos oficiales), nueva lectura de los derechos que les asistían, toma de fotografías y de huellas dactilares.

El auto del juzgado, al que ha tenido acceso leonoticias, es concluyente en este sentido:

«...como jefe del grupo segundo de Delicuencia Económica y Blanqueo de Capitales actuando de forma coordinada con el Juzgado instructor (J.I. número 2 de Badalona) comisiona al instructor y secretario de las presentes en unión de un equipo de policías para que se desplacen a la ciudad de León y San Andrés del Rabanedo y procedan a la detención de las siguientes personas vinculadas al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo: María Eugenia Gancedo García (alcaldesa), Miguel Ángel Flórez Alcoba (teniende de alcalde), Santiago Blanco Sacristán (concenal), Francisco Javier Gómez Vicente (concejal) y se practique una diligencia de entrada y registro autorizada...».

En la misma calidad de detenido figura el alcalde de la localidad de Villaquilambre, el procurador en las Cortes de Castilla y León Manuel García, a tenor de la documentación oficial.

«...el resultado de tal dispositico del cual se da la oportuna cuenta en el atestado con número (...) ha sido la realización de entradas y registros dispuestas por este juzgado así como la detención de las personas que se citan más abajo en el ámbito judicial de León (...)

-Sadat Maraña Robles (personal de confianza en la Diputación de León por Cs)

-Juan Calos Fernández Domínguez (concejal en San Andrés y diputado provincial)

-Juan José Simón Callejo (representante de Agema)

-Mónica Varón (concejal de Villaquilambre)

-Manuel García Martínez (alcalde de Villaquilambre)

-Jesús de Celis de Celis (técnico informático)».

Todos los detenidos fueron requeridos para la realización de diferentes diligencias de registro y posteriormente trasladados a las comisarías de Policía de León y San Andrés.

Allí la práctica totalidad de los detenidos se negó a declarar hasta conocer la acusación formal en el transcurso de la causa procediéndose a su puesta en libertad con cargos que abarcan el cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y revelación de secretos oficiales.

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