Italia impone la vacunación obligatoria para los mayores de 50 años

Son casi 2,3 millones los residentes en Italia que se verán afectados por la obligatoriedad de la vacunación decidida por el Ejecutivo en un debatido Consejo de Ministros, en el que varios de los partidos que sostienen a la coalición mostraron su disconformidad con esta medida, aunque al final cedieron en su posición. El Gobierno de Roma aseguró en una nota que el nuevo decreto pretende «ralentizar la curva de contagios» y «ofrecer mayor protección a las personas más expuestas y con mayor riesgo de hospitalización».

El primer ministro, Mario Draghi, explicó que Italia opta por la mano dura con los antivacunas, alentada desde hace semanas por los expertos para evitar el temido colapso sanitario, con el objetivo de «salvar vidas» y «empujar a los italianos que aún no se han vacunado a que lo hagan». «Estas medidas quieren preservar el buen funcionamiento del sistema sanitario y, al mismo tiempo, mantener abiertas las escuelas y las actividades económicas», dijo Draghi. Roberto Speranza, ministro de Sanidad, subrayó por su parte que es necesario «reducir lo máximo posible el área de los no vacunados, porque es la que provoca un peso sanitario sobre el sistema hospitalario».

En Italia la vacunación ya era obligatoria tanto para los sanitarios como para el personal del sector educativo hasta la secundaria y para los policías, militares y otros cuerpos de la seguridad del Estado. Con el nuevo decreto también se exigirá que se pongan las inyecciones contra la covid-19 a los trabajadores de las universidades, equiparándolos así al resto del personal escolar. Los mayores de 50 años, además, no podrán acceder a partir del 15 de febrero a sus puestos de trabajo, ya sean del sector público o privado, si no muestran el certificado sanitario reforzado, que solo se obtiene cuando se está vacunado o se ha superado el coronavirus. Quienes no lo hagan quedarán suspendidos de empleo y sueldo, mientras que hay previstas sanciones de entre 600 y 1.500 euros para quienes traten de violar esta medida en sus puestos de trabajo. Las personas de más de 50 años desempleadas que se nieguen a vacunarse recibirán una multa de 100 euros.

El nuevo decreto exige además la presentación del certificado sanitario ordinario, que puede obtenerse también con una prueba reciente con resultado negativo para detectar el coronavirus, para acceder a las oficinas públicas, de correos o sucursales bancarias, así como para la peluquería y otros servicios de cuidado personal. El Gobierno decidió la semana pasada que el certificado sanitario reforzado, que ya era obligatorio en el ocio y la restauración, será también obligatorio desde el lunes para acceder a los medios de transporte, hoteles, ceremonias o festivales.

No obtuvo en cambio el consenso necesario en el Consejo de Ministros la idea barajada estos días de imponer el citado salvoconducto, que resulta casi imprescindible en Italia para llevar una vida en sociedad, también para acceder a las tiendas y los centros comerciales.