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La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Reuters
La UE exige elecciones en Venezuela pero no reconoce explícitamente al autoproclamado presidente Guaidó

La UE exige elecciones en Venezuela pero no reconoce explícitamente al autoproclamado presidente Guaidó

Bruselas evita posicionarse con Guaidó, pero insiste en que «no pueden ser ignoradas» las voces que exigen un cambio de rumbo en el devenir de este país

Salvador Arroyo

Corresponsal en Bruselas

Jueves, 24 de enero 2019, 14:01

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La crisis abierta en Venezuela ha obtenido de la UE un respuesta oficial muy medida. No hay respaldo expreso al autoproclamado presidente del país Juan Guaidó, pero sí se ahonda en el rechazo del bloque al régimen de Nicolás Maduro al tiempo que se defiende la legitimidad del legislativo venezolano. Se habla de «apoyo» (a la Asamblea Nacional y a un proceso electoral democrático y limpio), pero no se utiliza la palabra 'reconocimiento' (Estados Unidos, Canada y varios países de América Latina lo hicieron la misma noche del miércoles) del autoproclamado nuevo presidente de Venezuela.

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la italiana Federica Mogherini, firma la respuesta conjunta del club en la que insiste en que «no pueden ser ignoradas» las voces que exigen un cambio de rumbo en el devenir de este país. «El pueblo de Venezuela ha reclamado masivamente la democracia y la posibilidad de decidir libremente sobre su propio destino», lo que lleva a Bruselas a realizar un «llamamiento encarecido al inicio inmediato de un proceso político que lleve a unas elecciones libres y creíbles, de acuerdo con el orden constitutional».

El respaldo de la UE a la Asamblea Nacional es indudable. Y se remarca. «Los derechos civiles, la libertad y la seguridad de todos los miembros de la Asamblea Nacional, incluyendo de su presidente, Juan Guaidó (jefe de este órgano), deben cumplirse y respetarse de manera plena». Y en esa línea Bruselas lanza una advertencia a Nicolás Maduro. «La violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad son absolutamente inaceptables, y no resolverán la crisis. El pueblo de Venezuela tiene el derecho de manifestarse de manera pacífica, de elegir libremente a sus líderes y decidir su futuro».

La Unión Europea y sus estados miembros continúan por tanto «dispuestos a apoyar el restablecimiento de la democracia y el estado de derecho en Venezuela», pero se insiste en que el camino es un «proceso político pacífico y creíble de acuerdo con la constitución venezolana».

Todos esos mensajes se lanzaron a última hora de la noche del miércoles, y hoy se han subrayado como plenamente válidos por la Comisión Europea. La posición del Ejecutivo comunitario, expresada hace apenas una hora, no ha diferido esta mañana, como era previsible, de lo expresado en el comunicado de Mogherini. Esa es la postura oficial de Europa «en estos momentos», ha subrayado una portavoz, insistiendo en que «la declaración es muy clara y representa la posición de los 28 países». «Esperamos una solución democrática a la actual crisis y estamos preparados para apoyar la restauración de la democracia en Venezuela», se ha planteado al tiempo que se insista en que la reacción de la UE «ha sido rápida y conjunta».

Y es que otras voces de la estructura política comunitaria parecieron expresar su deseo de ir más allá nada más conocerse el paso dado por Juan Guaidó en Caracas. El presidente del Consejo Europeo (coordina las acciones de todos los estados miembros), Donald Tusk, expresó a través de Twitter, su confianza en que «toda Europa se reúna en apoyo de las fuerzas democráticas de Venezuela», añadiendo que, a diferencia de (Nicolás) Maduro, la Asamblea parlamentaria «incluido Juan Guaidó, tiene un mandato democrático de los ciudadanos venezolanos».

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha exigido a Maduro que «respete al pueblo de Venezuela y que evite la violencia». Asimismo, recuerda que la Eurocámara ya pidió que la Corte Penal Internacional investigase los crímenes perpetrados por el régimen. Por su parte, el presidente de la comisión de Exteriores del propio Parlamento, David McAllister, del Partido Popular Europeo, ha subrayado a través de un comunicado que la Asamblea nacional es la «institución legítima « de Venezuela «elegida democráticamente» y que, por tanto, es la que «debe liderar la transición para la restauración completa de la democracia».

En esa línea se insta a las autoridades de ese país a «respetar las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional y proteger los derechos y libertades de sus miembros». David McAllister no duda en subrayar que el presidente Maduro «ha perdido toda la legitimidad para liderar el país». Y le invita a «echarse a un lado y dejar paso a una solución pacífica a la crisis mediante la celebración de elecciones democráticas y libres». También insta a las autoridades venezolanas a »abstenerse del uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos».

Desde la Comisión Europea se recalca que «nuestro objetivo es seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos y estamos brindado apoyo a la Asamblea Nacional», pero, pese a la insistencia de los periodistas, continúa eludiéndose un pronunciamiento explícito de reconocimiento al líder opositor venezolano

«Se seguirá trabajando» para dar una salida democrática a la crisis, ha sido la respuesta reiterada. Europa ha cuestionado en numerosas ocasiones el régimen de Maduro. Quitó así credibilidad a las elecciones que hicieron posible su reelección el pasado 20 de mayo y están vigentes desde el 13 de noviembre de 2017 sanciones como el embargo de armas y equipamiento para la represión interna o la prohibición de viajar y la congelación de activos de decenas de funcionarios, a quienes se considera responsable de «violaciones de derechos humanos así como de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela». En los últimos meses se ha ahondado en la idea de crear un grupo de contacto internacional con el propósito de favorecer el diálogo entre el Gobierno y la oposición. La fórmula fue propuesta por España hace unos cuatro meses y se ha tratado en los últimos consejos de Asuntos Exteriores, que reúnen a los ministros de todos los Estados miembro. La cuestión es si los últimos acontecimientos hacen viable esta fórmula. El propio Josep Borrell ha dejado entrever ya no sabe sin podría ser útil.

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