Las grandes empresas estarán obligadas a tener planes de movilidad sostenible al trabajo

Con este objetivo, la ley obligará a las grandes empresas (las que cuentan con más de 500 trabajadores) a tener planes de movilidad sostenible al trabajo para su plantilla. En España solo hay 2.480 empresas de este tamaño, el 0,2% del total, por lo que esta medida no afectará a las pequeñas ni medianas compañías que son el grupo más abundante en nuestro país.

Otras de las obligaciones que contempla la ley será para las empresas de transporte, que tendrán que calcular su huella de carbono y trasladar esa información a los usuarios. Además, los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes deberán dotarse de planes de movilidad urbana, pero no han transcendido más detalles sobre cómo deberán ser dichos proyectos.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dio luz verde este marte a esta ley, que pasa ahora a tramitación parlamentaria, con el objetivo de que entre en vigor en 2023. A su juicio, esta es una ley «necesaria» porque la movilidad representa uno de los sectores económicos mas importantes del país, con mas de 800.000 empleados, más del 4,5% del PIB y el 13% del gasto total de los hogares, «con más de 5.000 millones de viajes realizados en transporte colectivo cada año«, señaló Sánchez.

La ley contempla un nuevo mapa concesional de autobuses de largo recorrido, que simplificará las rutas para hacer el sistema «más eficiente pero garantizando la movilidad de los ciudadanos», y se creará un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que tiene el objetivo de reforzar la cooperación entre las distintas administraciones.

La ministra explicó que la Ley se estructura en cuatro grandes pilares: la movilidad como derecho, hacer frente al reto de la emergencia climática, mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto y la digitalización y apoyo a la innovación.

En el tercer pilar, el de la eficiencia del gasto público, Sánchez detalló que las medidas contempladas en la ley permitirán ahorrar 8.000 millones de euros de gasto público en infraestructuras en una década, así como aumentar en un 3,3% la productividad de las empresas.