Correos debe reducir su tamaño, según la Autoridad Fiscal

Un joven mete una carta en un buzón de Correos./ I. Onandia
Un joven mete una carta en un buzón de Correos. / I. Onandia

Menos oficinas y buzones, eliminar el reparto diario de cartas y externalizar servicios, sus recetas para ahorrarle recursos presupuestarios al Estado

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

Correos se encuentra en una encrucijada bajo la lupa de Bruselas para comprobar hasta qué punto funciona la liberalización parcial del mercado en España y, a la vez, tratar de dar la vuelta a unas cuentas donde históricamente se han sucedido los números rojos. Y en medio de ese debate la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) ha elaborado un informe crítico con el elevado nivel de recursos públicos que recibe cada ejercicio, en principio destinados a costear los servicios postales universales, esto es, el suministro básico de correspondencia en España.

El órgano fiscalizador parte en su análisis de una demanda decreciente por parte de los clientes del sector, a la que la compañía no se habría adaptado todavía. Así, por ejemplo, sostiene que «no parece que sea una petición ciudadana» mantener la recogida y entrega de correspondencia a diario (sin contar los fines de semana donde no hay actividad), por lo que propone diferirlas algo más para ahorrar medios humanos y materiales.

En la misma línea, solicita al Estado -Correos depende del Ministerio de Fomento- que elimine la obligación de disponer de un número mínimo de oficinas postales y lo mismo hace respecto a los puntos de recogida. Para «mejorar la eficiencia del servicio», también propone externalizar algunas actividades y reducir «el tiempo dedicado a las que generan menor valor añadido».

Más «esfuerzos de automatización» en los procesos y una «simplificación» de la estructura organizativa son otras de las recetas del «plan de eficiencia» sobre costes elaborado por la AIReF. Y ante la aparente «indefinición estratégica» de Correos, propone que gradúe más los descuentos –que ve «excesivos» con sus grandes clientes para no perder cuota de mercado, mientras que el precio de una carta ordinario se ha encarecido un 43% entre 2014 y 2018– y busque nuevas vías comerciales, aprovechando sus oficinas para dar servicios no postales. Eso es algo que la compañía ya prevé realizar dentro de sus nuevas líneas estratégicas, por ejemplo, actuando como una especie de oficina bancaria en las zonas rurales que no dispongan de una.

«Privatización encubierta»

Desde UGT y CC OO denuncian que parece perseguirse una «privatización encubierta» -en el informe se punta incluso la eliminación de algunos productos incluidos en el servicio universal y subvencionado-, pero la AIReF critica que Correos vaya a recibir 1.450 millones de euros del Estado vía Presupuestos entre 2011 y 2020 -España es el cuarto país de la UE que más paga por el servicio postal-, suma que Fomento quiere incluso aumentar hasta los 2.220 millones pese a que el 85% de sus oficinas en las grandes capitales registran pérdidas según dicho órgano y que, además, presenta en la actualidad un déficit «estructural» de 220 millones.

Precisamente para eliminarlo desde la operadora postal han pedido elevar esa subvención anual a 180 millones y resaltan que de enero a marzo lograron su primer beneficio neto (15,2 millones) desde 2012. En CC OO hablan de un «potentísimo 'lobby' favorable al desmantelamiento de Correos», en el que incluyen a la Comisión Europea -que en 2018 ordenó a España recuperar 167 millones de las subvenciones concedidas al grupo, por verlas «excesivas» para el coste real del servicio postal universal-, algunos partidos políticos y organizaciones empresariales del sector de la paquetería, además de organismos públicos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Tribunal de Cuentas y ahora la propia AIReF.