Cultura pedirá al juez en menos de dos semanas la intervención parcial de la SGAE

El ministro de Cultura, José Guirao./EFE
El ministro de Cultura, José Guirao. / EFE

José Guirao toma esta decisión tras el incumplimiento de los requerimientos efectuados por el Ministerio

Álvaro Soto
ÁLVARO SOTOMadrid

El ministro de Cultura, José Guirao, ha adelantado este viernes tras la reunión del Consejo de Ministros que su departamento remitirá al juez «a lo largo de la semana que viene o a principios de la siguiente» el escrito de intervención parcial de la Sociedad General de Autores (SGAE) después de que la institución haya «incumplido» los requerimientos efectuados por el Ministerio en septiembre.

Estos requerimientos exigían a la entidad que en el plazo de tres meses adaptase sus estatutos a la Ley de Propiedad Intelectual, renovase la Junta Directiva en unas elecciones que permitieran el voto electrónico (para que pudieran acudir a los urnas los socios que no residan en Madrid) y procediera al reparto de derechos recaudados de 2018 conforme a lo estipulado en la mencionada ley, teniendo en cuenta los diversos colegios que la componen. El plazo concluyó el 27 de diciembre.

En cualquier caso, Guirao ha asegurado que «no se va a pedir la intervención total de la SGAE, sino solo en aquellos puntos que no se cumplan». «El resto lo seguirá gestionando la SGAE», ha declarado el ministro.

La intervención parcial de la Sociedad General de Autores es una opción intermedia entre otras dos posibilidades: la inacción ante los reiterados escándalos protagonizados por la entidad o la retirada de la licencia, una decisión que impediría a la institución repartir los derechos de autor y que hubiera resultado «traumática», en palabras de Guirao. El Ministerio prefiere evitar por ahora esta medida drástica.

El pasado lunes, la Audiencia Nacional rechazó paralizar el apercibimiento en el que el Ministerio de Cultura instaba a la SGAE a que ajustase «sus reglas de funcionamiento» a la legislación. El auto del juez de la Audiencia Nacional Francisco de la Peña sostiene que «hay un interés público» en que la Sociedad General de Autores tenga un «mejor funcionamiento» en asuntos como la adaptación de sus estatutos a la normativa actual, la «observancia estricta» de las reglas de derechos recaudados que fija la legislación de propiedad intelectual y la «plena efectividad del derecho de los miembros de las entidades gestoras a comunicarse electrónicamente con la entidad».