Tres acusados por ceder los terrenos de un coto vecinal a un club de caza
Los tres acusados de prevaricación se enfrentan a 11 años de inhabilitación al ser cargos públicos de una junta vecinal cuando cometieron el delito
Tres cargos públicos, acusados de prevaricación, se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de León este lunes a partir de las 9:30 horas de la mañana. Las tres personas que serán juzgadas son de nacionalidad española y ninguno de ellos cuenta con antecedentes penales previos.
Los tres acusados en el año 2019 eran cargos públicos de una Junta Vecinal del partido judicial de León. Asimismo, desde su constitución en el año 2003 los mismos eran cargos de un Club Deportivo de Caza. En aquel momento, los acusados acordaron por unanimidad en sesión extraordinaria de la Junta Vecinal el 2 de noviembre de 2019, aprovechando su condición y cargo público, «a sabiendas, vulnerando consciente y gravemente la legalidad y en perjuicio de los vecinos de la Junta Vecinal» renunciar a la titularidad del Coto en favor del Club Deportivo de Caza.
Con esta maniobra, cedieron los derechos cinegéticos de los terrenos comunales y del Monte de Utilidad Pública al Club privado por un periodo de 40 años. Tal y como explica el fiscal en el escrito de acusación al que ha tenido acceso leonoticias, dichos acuerdos se tomaron «prescindiendo total y absolutamente de la legalidad y procedimiento aplicable, obedeciendo únicamente a la voluntad de los acusados».
Todo ello, «causando con ello un perjuicio a los vecinos de la Junta Vecinal», según mantiene el escrito de Fiscalía.
Antecedentes
El 10 de septiembre de 2021 se anuló por no ser conforme a derecho el acuerdo de la Junta Vecinal por el que se acordó renunciar a la titularidad del coto de caza y ceder los derechos cinegéticos de los terrenos comunales y del Monte de Utilidad Pública al Club Deportivo de Caza. Dicha sentencia fue confirmada por la Sala de lo Contencioso administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 26 de abril de 2022.
Ahora, el Ministerio Fiscal mantiene que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación y que son responsables penalmente los acusados en concepto de autores. Por todo ello, pide imponer a cada uno de los acusados la pena de 11 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
