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Lunes, 12 de noviembre 2018, 14:45
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Los funcionarios de prisiones del centro de Villahierro han mostrado este jueves su «indignación» con el ministerio del Interior y con la secretaría general de Instituciones Penitenciarias por la clasificación efectuada «al interno de primer grado de tratamiento que agredió a dos funcionarios en el centro penitenciario de Teixeiro en La Coruña».
Según aseguran todos los sindicatos con representación en Villahierro el interno al que se refieren fue el mismo que el pasado 10 de octubre agredió a dos funcionarios de prisiones en el Establecimiento Penitenciario de Teixeiro (La Coruña), rompiendo a uno de ellos la mandíbula de un puñetazo y «enviando» a ambos al hospital. Ahora ha sido destinado al Centro Penitenciario leonés manteniéndole en primer grado de tratamiento en la modalidad de vida que recoge el artículo 91.2 del vigente Reglamento Penitenciario, situación en la que ya se encontraba antes de cometer la agresión.
Para la plantilla de Villahierro esto es «indignante e insultante para el colectivo penitenciario y, lo que si cabe es peor, al menos en nuestra opinión, el mantenimiento en la citada situación contraviene de forma flagrante la legislación penitenciaria».
A juicio de los sindicalistas «debería haberse mantenido a este interno en el primer grado de tratamiento, pero incardinándole en el artículo 91.3 del vigente Reglamento Penitenciario, que dice: 91.3) 'Serán destinados a departamentos especiales aquellos penados clasificados en primer grado que hayan sido protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, que hayan puesto en peligro la vida o integridad física de los funcionarios, autoridades, otros internos o personas ajenas a la Institución, tanto dentro como fuera de los establecimientos y en las que se evidencie una peligrosidad extrema'».
Por todo ello la representación sindical ha elevado «queja al Ministro del Interior, al secretario general de Instituciones Penitenciarias e informó de las citadas quejas al Subdelegado del Gobierno en León, a la vez que, tanto al Ministerio del Interior como a la Secretaría General, les pedía soluciones efectivas contra las agresiones y solicitaba que se corrigiera esta clasificación anómala a todas luces. A pesar de haber transcurrido un mes desde que se produjo la agresión y unos 20 días de la presentación de las quejas, ni el Ministerio del Interior, ni la Secretaría General, han contestado o dado una explicación razonable».
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