Reclaman a Fomento que la reforma de los túneles del Huerna no repercuta en la subida del peaje

Reclaman a Fomento que la reforma de los túneles del Huerna no repercuta en la subida del peaje

«Se están buscando soluciones imaginativas en otras partes de España que se pueden aplicar aquí, es cuestión de voluntad», aprecia

R.O.

La autopista de pago León-Campomanes (AP-66) afronta la que será su mayor inversión desde que fue construida. La normativa sobre seguridad en los túneles obliga a reformar todos los pasos inferiores del Huerna, dotándolos con nuevos equipos que mejoren la respuesta al fuego, una reforma que el Ministerio de Fomento estima en 79,4 millones.

Los plazos para ejecutar las obras apremian y por eso el departamento ya ha consultado a Medio Ambiente para conocer cómo obtener los permisos. Lo que sigue en el aire es quién pagará ese desembolso. La concesionaria argumenta que el contrato de explotación no le obliga a asumir esta actuación, y que caso de financiarla, «deberán establecerse los mecanismos compensatorios correspondientes para que la sociedad pueda llevarlas a cabo».

Es una posición que apunta a recibir ayudas públicas, alargar el plazo de una concesión que ahora está prorrogada hasta el año 2050 o permitir una subida de tarifas. La amenaza ha causado estupor entre los transportistas y la mayoría de las fuerzas políticas asturianas. En la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) se muestran respetuosos con la situación contractual y legal en la que se debate el asunto, si bien instan al Ministerio de Fomento a evitar toda subida de tarifas.

7,8 millones para los túneles

La historia de la normativa de seguridad de túneles muestra peculiaridades muy españolas. El origen de esta necesidad de elevar los estándares en los pasos inferiores lo estableció una directiva comunitaria de 2004. España fue de los más rápidos en incorporarla a su ordenamiento interno, y lo hizo con un real decreto que establecía exigencias mayores de las que había fijado el texto de la UE. Una vez aprobada la norma nacional, echó cuentas sobre lo que costaría adaptarse a su propio documento y, tras verificar que la cifra era muy considerable, los distintos ministros optaron por dejar pasar el tiempo sin abordar la cuestión.

Los plazos vencen y hay que reportar a la Comisión Europea los avances. De ahí que en los últimos años Fomento haya reactivado los proyectos de adecuación. Las estimaciones que manejaba hace un año indicaban que sería necesario actuar en 23 de los 33 túneles de las autovías estatales que cruzan Asturias, lo que se supondría un desembolso de 52,4 millones. El Presupuesto General del Estado de 2018 recién aprobado por las Cortes Generales es el primero que incluye fondos para ello, si bien se limita a programar un gasto de 7,8 millones entre 2019 y 2021 para iniciar las obras el próximo curso.

«Se están buscando soluciones imaginativas en otras parte de España que se pueden aplicar aquí; es una cuestión de decisión política, de querer hacerlo», manifestó Alberto González director general. La patronal lleva tiempo denunciando que «el peaje en Asturias es un hecho diferencial clarísimo y perjudicial para la región; hay que buscar soluciones para equipararnos al resto de España, sea en la cuestión de los túneles como en la de la concesión», recordó. «No puede ser que Asturias siga soportando un peaje que otros no tienen», clamó el directivo de la Fade.

En esa misma línea está Podemos, que sigue reuniéndose con los transportistas para pulsar su posición. «Nos parece un nuevo escándalo que quienes nos van a sangrar a los usuariso cerca de 3.000 millones hasta 2050 encima nos pidan que paguemos los túneles», afeó el secretario general de la formación, Daniel Ripa.

El presidente Pedro Sánchez y el ministro José Luis Ábalos «deben tomar nota, poner a Asturias en el mapa de las autopistas de peaje que hay que suprimir, buscar los mecanismos y los resquicios legales para que en 2021 se elimine el peaje», animó el diputado. Tras el encuentro con Ripa, el vicepresidente de la patronal del transporte Asetra, Víctor Mariño, señaló que su organización respalda la supresión de peajes «aunque tememos que se pretenda cargar a los transportistas, a través de medidas fiscales».

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