La Diputación recupera la recaudación de Gersul y reclamará por vía ejecutiva los 12 millones de euros incobrados desde 2014

Un camión de basuras accede al interior del CTR.

El presidente Ángel Calvo confía en reconducir la grave crisis del consorcio y la UPL insta a que el medio rural no sea pagano de los incumplimientos de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes

A. CUBILLAS
A. CUBILLASLeón

La Diputación de León recupera la gestión de recaudación del Consorcio Provincial de Residuos de León (Gersul) y reclamará por vía ejecutiva los 12 millones de euros incobrados correspondientes a los recibidos del 2018 y los cuatro anteriores ejercicios.

Es la solución para librarse la difícil situación interna generada por la gestión de Gersul que, por acción u omisión, ha llevado a este consorcio responsable de los residuos urbanos en la provincia al borde del abismo.

«La recaudación ejecutiva vuelve a este casa, de donde nunca tuvo que haber salido», señaló el presidente de Gersul, Ángel Calvo, en el marco del pleno ordinario de la Diputación de León, en la que se aprobó el nuevo convenio por unanimidad, con la abstención de Coalición por el Bierzo y el diputado no adscrito Juan Carlos Fernández.

Es más, Calvo ha advertido de que si la Diputación hubiese mantenido el servicio de recaudación, «ahora mismo estaríamos hablando de otro problema en esta casa» a la par que ha reconocido la 'crisis' abierta en Gersul no ha sido fácil.

En cualquier caso, el presidente ha recordado que en los cuatro años de legislatura la situación ha mejorado, no sólo tras la construcción de un nuevo vaso para el almacenamiento de residuos en el CTR –Centro de Tratamiento de Residuos-, sino tras zanjar favorablemente los 13 pleitos abiertos contra Gersul.

Evitar daños colaterales

Matías Llorente (UPL) lamentó que el proyecto de Gersul nació «viciado» permitiendo que los tres grandes ayuntamientos de la provincia no hayan pagada frente al mundo rural que «está al día». En cualquier caso, se ha mostrado favorable a un acuerdo «para salvar al Gersul» y convertirlo en un ejemplo medioambiental, tal y como fue concebido.

Eso sí, confía en que el cobro de los recibidos a los ayuntamientos de León, Ponferrada y San Andrés sirvan para cubrir los gastos de la función recaudatoria, «porque sería lamentable que representante un coste a los pequeños municipios».

Servicio de recaudación

La Diputación de León, en la era de Isabel Carrasco, acordó la externalización de la gestión del cobro de los recibos de Gersul a finales del 2010. Una decisión que se tomaban en base al 'atasco' que sufría el servicio de Recaudación de la Diputación de León sumado a las tensiones internas y la crisis que generó la subida de la tasa los dos años previos.

Seis años después, a mediados de 2016 la empresa encargada de la recaudación de los recibos dejó de prestar sus servicios al Consorcio, lo que empujó a contratar personal por parte de Gersul para realizar esa función-.

Un acto que fue desautorizado por parte del Consejo Consultivo de Castilla y León en su informe de fecha 16 de noviembre de 2017 y que dice textualemente «Gersul tiene la facultad de aprobar, a través de la asamblea general, una ordenanza fiscal para el establecimiento de la tasa por la prestación de servicios de su competencia y para su gestión, liquidación y recaudación; y carece de ella para contratar personal laboral temporal para el ejercicio de funciones de recaudación».

Anualmente Gersul emite cerca de 290.000 recibos entre las tasas y servicios realizados. Sin embargo el Consorcio se veía incapaz de cobrar todos los recibos que emite y de forma consciente y reiterada ha dejado de cobrar aquellos que por impago previo alcanzaban la vía ejecutiva.

En ese capítulo se estaría en una cantidad próxima a los 12 millones de euros sin cobrar por parte del consorcio, prescribiendo diariamente una cantidad ingente de recibos que se convierten en irrecuperables para su cobro. Una cantidad que ahora reclamaran por vía ejecutiva tras el acuerdo alcanzado este miércoles en pleno ordinario.

Por su parte, el diputado no adscrito Juan Carlos Fernández se felicitó por un acuerdo que, a su juicio, llega tres o cuatro años tarde, a la par que hizo alusión a un informe de noviembre de 2015 en el que técnicos de la Diputación desaconsejaban que la Diputación asumiese la gestión de la recaudación por falta de recursos humanos y materiales.

«¿Ya tienen el personal necesario? ¿Van a poner los medios materiales que se exigen?», preguntó Fernández, que trasladó también la necesidad de que la cobranza de los recibidos impagados perjudiquen a los restantes 205 municipios que tiene delegado el cobro en la Diputación.

«Me alegro que este consorcio termine de funcionar y que no sean los ciudadanos los que se vean obligados a pagar la desastrosa gestión de estos cuatro años», concluyó Fernández.

Una reflexión en la que también coincidió Manuel Flecha (En Común), que también calificó de «cojo» un acuerdo ante los múltiples interrogantes que se abran en torno a la gestión tributaria o a la actualización del patrón.