El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía de León que investigue la cancelación de consultas médicas en la provincia

Un médico analiza a un paciente en un consultorio./
Un médico analiza a un paciente en un consultorio.

La presidenta de la asociación, Carmen Flores, remarca un bando de la alcaldesa de Fuentes de Carbajal, Ana María Ortega Vaquero, en la que ésta se queja la cancelación de consultas en las épocas de mayor presencia de turistas

E. PRESSLeón

La Asociación El Defensor del Paciente se ha dirigido a la Fiscalía de León con el fin de que investigue y depure responsabilidades ante la pérdida de la calidad sanitaria denunciada por alcaldes de distintos municipios de esta provincia, especialmente por las cancelaciones, sin previo aviso, de consultas médicas.

La presidenta de la asociación, Carmen Flores, a través de un comunicado recogido por Europa Press, se hace eco precisamente de un bando de la alcaldesa de Fuentes de Carbajal, Ana María Ortega Vaquero, en la que ésta se queja de dicha supresión, precisamente coincidiendo con la temporada de mayor afluencia de personas en el municipio, y expresa su temor además de que esta situación se prolongue en el tiempo hasta derivar en la desaparición de los consultorios rurales y de las farmacias rurales.

Fiscalía

El malestar de la munícipe, que ha convocado a los vecinos a una concentración de protesta este sábado ante el Centro de Salud de Valencia de Don Juan, a partir de las 12.00 horas, se lo ha transmitido también el Defensor del Paciente a la fiscal jefe de León, Isabel Morán González, a la que pide que intervenga e investigue los hechos ante el peligro que éstos suponen para la salud y la vida de los pacientes.

«Entendemos, como grave la situación sanitaria que se esta viviendo en Castilla y León, más agravada aún en estos municipios. Esperamos que sea atendida nuestra petición con la investigación anteriormente solicitada y la depuración de responsabilidades de quien o quienes hayan provocado esta situación que evidentemente son los que deben proteger la salud de los ciudadanos y que son los que están puestos para tal fin y que componen la administración».

La petición la fundamenta el colectivo en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal.

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