Ciñera recupera los equipamientos comunes para hacer «justicia social» con el pueblo

Vista aérea de Ciñera.

La Junta de Castilla y León firma el protocolo de cesión gratuita al Ayuntamiento de La Pola de Gordón de los equipamientos comunes que se suman a las 129 casas bajas que los vecinos mantienen

RUBÉN FARIÑASLeón

Uno de los capítulos más duros vividos por los vecinos de Ciñera, en plena crisis de la minería, ha quedado cerrado este lunes. Los ciudadanos recuperan lo que es suyo, sus edificios públicos, aquellos que siempre habían sido del pueblo.

La Junta de Castilla y León ha firmado el protocolo de cesión gratuita al Ayuntamiento de La Pola de Gordón de los equipamientos comunes en terreno de la Hullera Vasco Leonesa, ahora en concurso de acreedores, y que fueron adquiridos por la institución autonómica en verano de 2016 para evitar que un fondo de inversión especulara con ello y con las casas bajas de la localidad.

El alcalde ha detallado que estos edificios son las piscinas y la cancha de frontenis y fútbol sala. También pertenecen a este lote el hogar del pensionista -catequesis- y tres viviendas, una de ella situada junto al consultorio médico. En próximas fechas se intentará recuperar, por otra vía, el cine con más de 500 butacas y el campo de fútbol.

El consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha referido a este este momento como un «acto de justicia social» y ha agradecido a la asociación de vecinos de Ciñera su implicación para ayudar a identificar a los vecinos «con derecho moral y jurídico» de ocupar las viviendas.

El 'coletazo' de la operación

Con la cesión de este equipamiento se cierra una operación que nacía en verano de 2016. La Junta compró las casas bajas, que no estaban identificadas ni jurídica ni registralmente y ha procedido a la descripción física, se han llevado al Registro de la Propiedad y se les ha titulado a los vecinos que las habitaban.

«Es una operación que salió muy bien. Nadie puede especular con un bien básico como la vivienda. Hoy tienen casa, con escritura pública, inscrita en el registro y a un precio muy bajo donde no hemos repercutido más que los gastos de titulación notarial registral», ha explicado Quiñones.

A los edificios comunes se suma la entrega de las 103 viviendas bajas de 103 familias que hicieron pago al contado, 19 que hicieron los pagos de forma aplazada, y siete casas que se vendieron en subasta pública al no encontrar acreditación de propiedad. «Más de cien familias se iban a quedar en la calle y se evitó. Hoy reconocemos esa labor», ha finalizado el alcalde, Francisco Castañón.

 

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