Castilla y León y tres comunidades 'rompen' con el Ministerio por la ley del lobo: «Hemos sido ignorados»
Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León se unen en un nuevo grupo de trabajo para gestionar «el 98% de especies de España» situadas en sus territorios tras sentirse ninguneados a la hora de elaborar la ley que prohibe la caza del lobo
Castilla y León, Cantabria, Galicia y Asturias 'rompen' con el Ministerio Transición Ecológica y se unen para crear un nuevo grupo de trabajo con el que establecer una estrategia conjunta para el control del lobo ibérico.
El director general de Patrimonio Natural de la Junta, José Arranz, ejerció de anfitrión en el Centro de Defensa contra el Fuego de León con sus tres homólogos de las tres comunidades.
Belén do Campo, directora general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, Antonio Lucio, director general del Medio Natural del Gobierno de Cantabria y David Villar, Director General del Medio Natural de Principado de Asturias, han acompañado al representante de la Junta de Castilla y León.
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Sus opiniones, «ignoradas»
«Se han ignorado nuestra aportaciones», señala do Campo. Los cuatro consideran que «no se ha tenido en cuenta su opinión» a la hora de establecer la orden ministerial que elimina la condición de especie cinegética para el lobo.
Se sorprenden que el grupo de trabajo coordinado por el Ministerio de Transición Ecológica ignorase, según señalan, las consideraciones de cuatro territorios que gestionan «el 98% de las especies» del país.
Lucio apunta que la orden no tiene «soporte científico» ni siquiera en los datos aportados por el propio Ministerio. «Somos cuatro gobiernos de distinto color político y estamos de acuerdo», apunta el representante cántabro, que remata con que este hecho supone «el fracaso rotundo» del Ministerio.
Cuatro recursos y medidas cautelares
La ruptura con el organismo nacional tiene como consecuencia la creación de una nueva comitiva encabezada por estas cuatro comunidades autónomas del noroeste del país. Sus primeros pasos a seguir será «realizar un censo que es lo que venimos declarando, queremos saberlo con más precisión». Una análisis que, según apunta Arranz, la «venían demandando».
Por último, Antonio Lucio recuerda que las cuatro comunidades han interpuesto, por separado, sendos recursos contra la orden ministerial que prohibe la caza del lobo. Además, solicitan a la Audencia Nacional medidas cuatelares.
Apuntan a los ganaderos como los principales perjudicados por esta nueva ley que genera «inseguridad jurídica». Este colectivo «no quiere tener daños por el lobo», apunta el representante castellano y leonés. El nuevo grupo de trabajo interterritorial denuncia que la orden choca de lleno con leyes autonómicas. Un hecho que, según indican, afectará de lleno a la gestión de las inmediaciones.
