Asturias no resolvió una denuncia en la mina Cerredo hasta dos meses después del accidente mortal
El acta firmada por un agente en octubre de 2024 denunciando la apertura de una zanja para la evacuación de agua sin permiso no concluyó con la pertinente sanción hasta siete meses después
Una denuncia por una presunta irregularidad en la explotación minera de Cerredo, en la que fallecieron cinco trabajadores leoneses el pasado 31 de marzo, no se resolvió hasta dos meses después de que se diera este trágico suceso.
Así lo explica El Comercio, recogiendo la declaración del ingeniero forestal y funcionario de carrera en el Principado de Asturias, Cristóbal Valdés, que desde hace más de tres años estaba destinado a la zona suroccidental de Asturias, donde se encuentra la mina de Cerredo.
En octubre de 2024, el agente de Medio Natural José Manuel Carral, que también compareció en la Comisión de Caso Cerredo este lunes, firmó un acta en octubre de 2024 denunciando la apertura de una zanja por parte de la empresa Combayl, que, en teoría, tenía autorización para un proyecto de ntransición energética en la explotación ya cerrada de Cerredo.Y no existía licencia para esa actuación que parecía tener como objetivo la evacuación de agua desde la mina.
Este proceso concluyó con la denegación a esta compañia de la autorización para relizar esa zanja, pero ya en mayo de 2025, dos meses después del trágico accidente que acabó con la vida de cinco mineros leoneses.
Los motivos del retraso
Este acta, explicaba Valdés, no llegó a su mesa hasta el mes de de enero: «Y yo la evacué en mayo», explicó en esta comparecencia. Explicó que esta tardanza tuvo un doble motivo. En primer lugar, debido al traslado de este ingeniero, que tuvo que destinar los cuatro últimos meses de 2024 a «certificar subvenciones que aprobé en mi anterior destino». «Y otras 30 en el inicio del año actual».
Otro de los motivos del retraso, explicó Valdés, fue el tedioso proceso burocráctico a seguir: «El acta pasa del guarda al guarda mayor. De él a un coordinador. Si el acta se debe tramitar con denuncia, pasa a un jefe de servicio de guaardería y, automáticamente, a los servicios jurídicos de la secretaria general técnica de la Consejería».
El ingeniero también aseguró que la empresa no podía aportar autorización alguna para esa zanja «porque no tenía». «Visité el terreno, mi primera visita a ese monte, y vi una zanja que no tenía importancia alguna. Desconozco cómo funciona el tema minero, pero no le vi sentido. No había restos de arrollar el agua, no coge una cuenca muy grande... no le vi sentido. Igual debería haber pedido más documentación, pero no me constaba que hubiera autorización para ello y denegué la petición», expone. Tampoco vio extraño que la empresa sancionada fuese Combayl - con 1.000 euros de multa, 600 por pronto pago -, y no Blue Solving, propietaria de la mina: «Actué de acuerdo a los informes que tenía».
