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El secretario general de CCOO, Unai Sordo Miriam Chacón
Unai Sordo califica de «despropósito» cerrar minas mientras se queme carbón en España

Unai Sordo califica de «despropósito» cerrar minas mientras se queme carbón en España

El secretario autonómico de CCOO entiende necesario condicionar cualquier tipo de ayuda al sostenimiento del empleo o bien a la generación de inversiones alternativas tras la política de deslocalización de Vestas

.D.R.F.

León

Jueves, 1 de enero 1970

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El secretario general de CCOO, Unai Sordo, es tajante en exigir al Ejecutivo de Pedro Sáchez «hechos» no buenas palabras en sus negociaciones sobre avances sociales. El líder sindical preferiría que se aprobasen los presupuestos pactados entre PSOE y Podemos, aunque comenta que una prórroga tampoco agotaría la legislatura, porque se trata de cuentas con un limitado crecimiento recaudatorio.

Sordo razona en esta entrevista concedida a Ical que adoptar políticas requiere de fondos, las transiciones justas deben ir acompañadas de dinero y la financiación autonómica también, por lo que apela al debate sobre la fiscalidad en un país con 7,4 puntos sobre PIB de diferencial de recaudación con la zona euro, más de 75.000 millones.

Unai Sordo expone que, con la situación política actual, es preciso derogar los aspectos centrales de la reforma laboral, pero advierte de que el objetivo no es volver al pasado, y se marca como reto a medio o largo plazo una nueva regulación que democratice las relaciones y permita hacer frente a los nuevos retos del mercado de trabajo.

Sordo apuesta por mantener una reserva estratégica de carbón mientras se queme mineral y considera un «despropósito» cerrar las minas y traer carbón de fuera. Unai Sordo exige también medidas estatales y europeas frente a las deslocalizaciones y una política industrial pegada al territorio que permita frenar las despoblación. Asimismo, entiende que el Diálogo Social de la Comunidad presenta un modelo a tener en cuenta, y felicita que la Junta haya abordado legalmente la memoria histórica.

El líder de CCOO arremete también contra las patronales territoriales que no cumplen con el acuerdo de negociación colectiva de CEOE y lamenta que cojan por bandera el peor perfil de empresa de España. Agrega que es «indigno» que se critique un Salario Mínimo Interprofesional de 900 euros y advierte de que España tiene un problema de eficacia económica que debe resolverse a través del consumo interno con el reparto de la riqueza.

El cambio de Gobierno ha marcado un nuevo rumbo en la vida nacional, ¿se encuentran más cómodos en el Diálogo Social y ven más avances con el Ejecutivo de Pedro Sánchez?

A efectos declarativos, sí. Pero hechos son amores y no buenas razones. A día de hoy hay muy pocas cosas encima de la mesa. Está prácticamente cerrado el acuerdo del subsidio de los 52 años; tenemos cerradas cosas en materia de reforma laboral; hemos avanzado en la revalorizción de las pensiones, pero está por definir en la norma. Hay muchas cosas que aparentemente podrían dar pie a fortalecer de una forma muy importante el Diálogo Social, pero hasta que no las vea materializadas, ¡ojo! Porque hasta ahora, a nivel declarativo es otro el discurso, pero esto no va de declaraciones, sino de cosas concretas para la gente.

¿Contar con unos presupuestos es necesario para avanzar en los acuerdos que negocian?

Sería bueno que hubiera presupuestos, pero hay medidas que no dependen estrictamente de ellos, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Habrá una negociación en dos vías, una en la que trataremos de subir al carro más medidas concretas sobre reforma laboral y regulación de pensiones, sin un impacto enorme sobre los PGE. Presionaremos al Gobierno y a la oposición para sacar estas medidas adelante. Y luego los PGE propiamente dichos, que dependerán de los nacionalistas catalanes y el PNV. Si piden cosas que no puede acometer el Gobierno, pues no saldrán adelante, pero estamos en un momento de escenificación previa y quedan semanas que darán juego. Los partidos que mantienen el discurso de la Cataluña social, tendrán complicado explicar a la gente, por mucho que lo liguen a la dinámica catalana, que se nieguen a aprobar unos presupuestos algo más expansivos, que pueden mejorar la financiación, o que voten en contra de subir el SMI.

¿Será efectiva la subida de ingresos que plantea el Ejecutivo para mejorar las políticas sociales?

Se han tomado medidas para dar cierto margen a los PGE, para que sean más expansivos, pero son muy limitadas. Existe una sobreactuación. Un informe nuestro sobre el impacto económico de las medidas de recaudación fiscal, indica que no van más allá de los 3.400 millones. Esto supone una mínima mejora de la recaudación. España tiene 7,4 puntos sobre PIB, más de 75.000 millones, de diferencial de recaudación con la zona euro. Hay un amplio margen de recorrido. Es mejor eso que nada, sí.

¿Entiende que si no salen adelante los PGE, el presidente debería convocar elecciones?

Que no haya presupuesto debilita la legislatura pero no necesariamente la agota, porque pese al ruido que se está haciendo, el diferencial de ingresos que se ha pactado respecto al actual es muy pequeño, son tres o cuatro décimas del PIB. ¿Con eso se puede gobernar? Sí. Peor, pero sí. No se qué lectura hará Pedro Sánchez; la legislatura irá por los cálculos que se haga cada uno.

¿Tienen esperanza de que se cambie en breve la regulación laboral que modificó primero el PSOE y luego el PP?

Algunas cosas se pueden sacar adelante. Hemos pedido una derogación de los aspectos nucleares de la reforma laboral, que debieran modificarse de forma importante, como la ultractividad y la inaplicación de convenios, así como modificar el artículo 42 y las condiciones de subcontratación. Pero no para volver a la legislación laboral de hace diez años. Hay que dejar atrás los aspectos centrales de la reforma laboral y abrir un nuevo sistema de modelo de relaciones laborales mucho más democrático y participativo por los trabajadores, que sea mucho más útil para hacer frente los nuevos retos del mundo de trabajo. Eso es una apuesta a más medio o largo plazo. Hay que derogar los aspectos básicos y a partir de ahí, construyamos un modelo laboral distinto. Hay que democratizar el sistema de relaciones laborales, no vayamos para atrás sino para adelante.

El debate de la financiación autonómica se ha pospuesto de nuevo. ¿Entiende que es necesario para que las autonomías cuenten con recursos suficientes para recuperar servicios?

Hay que abordar el debate sobre la financiación autonómica, pero es una error desligarlo del debate sobre la fiscalidad general en España. Como se aborde solo el debate de la financiación autonómica ocultando el otro debate, vamos a ver un conflicto interterritorial. Son dos debates que van íntimamente ligados o sino tendremos un problema como país. Animo a que se aborden las dos cosas de manera paralela y paulatina. Si la toalla es igual, lo que tapes por arriba destapas por abajo y hay que hacer que la toalla sea más grande. La base fiscal en España puede crecer y no hablamos de recorrer de hoy para mañana o dentro de dos años, lo siete puntos de diferencial con la zona euro en materia de presión fiscal. Si se recorriera la mitad, hablaríamos de más de 30.000 millones. El informe de los expertos para la reforma del sistema hablaba de que 16.000 millones era lo necesario para empezar a hablar.

¿Cómo valora la nueva transición energética impulsada por el Ejecutivo y su impacto económico en numerosos sectores productivos como la automoción o la minería?

Está fuera de dudas de que las economías irán hacia un proceso de mayor descarbonización y hay que adaptar algunos sectores productivos hacia sectores de bajas emisiones y de sostenibilidad medioambiental. Esto está fuera de toda duda y hay que cumplir todos los protocolos internacionales. Ahora bien, hay que ver en qué ritmos y con qué mensajes se hacen estas cosas. Mensajes sacados fuera de contexto y de tiempo generan una alarma que puede tener un efecto sobre el consumo sobre según qué bienes y conviene ordenar bien los tiempos. La transición ecológica hay que hacerla evidentemente, pero buscando que sea justa, buscando cómo se adecuan los sistemas de producción. Si se va a bajar la producción de los coches diésel por el encarecimiento del combustible hay que buscar alternativas de inversión.

¿Cuál es su demanda al Ejecutivo central en este proceso?

Exigimos al Gobierno que tenga cuidado en el orden en que lanza los mensajes, en los tiempos de estas transiciones y sobre todo, garantizar que no tienen una afectación sobre el empleo y se buscan inversiones alternativas. A veces se lanzan polémicas que no favorecen a nadie.

Acaban de firmar un acuerdo laboral para las cuencas mineras, que no habla del sostenimiento de parte de las empresas del carbón. ¿Qué postura defiende el sindicato sobre el mineral?

Mientras se define el mix energético y el papel de las térmicas y sigue habiendo térmicas, pediremos que el carbón que se utilice sea nacional. Mientras se queme carbón, es un despropósito cerrar las minas y traer carbón de fuera. El problema del carbón no es estrictamente ecológico, como pueden ser las térmicas, sino de sostenibilidad económica de las empresas en función de directrices europeas. Lo que está actuando como una espada de Damocles sobre algunas explotaciones es la propia situación económica de algunas empresas del sector. La idea es que sea una reserva estratégica en la medida que se requiera de su suministro.

Pero el acuerdo laboral da por hecho la caducidad del sector…

Antes o después tiene una fecha de reducción que es evidente, y por eso se ha firmado este plan que cuenta con un aval bastante importante de los trabajadores que son conscientes de la situación. Hemos conseguido un buen acuerdo para que la reducción de las explotaciones de carbón tengan las menores afectaciones posibles en el empleo.

La reforma energética también acabará con la nuclear como se ha visto en Garoña y sin alternativas industriales de momento sobre la mesa….

El recorrido de la nuclear también es limitado y se van a producir los cierres igual que se ha producido en Garoña, una polémica que ha venido de mucho tiempo anterior. La cuestión es buscar inversiones alternativas; que no se precipiten decisiones sin haber hecho un plan que sustituya el empleo que se haya podido generar en Garoña.

Pero da la sensación de que las decisiones se toman a salto de mata, con planes y acuerdos a escasos meses de la consecución de los cierres que se llevan fraguando durante años….

El reto es que no vuelva a ocurrir esto. Hay que abordar los debates en tiempo y en forma, para que no se pudran como ha ocurrido con otros gobiernos, de manera que en determinados momentos se precipite todo y no haya alternativas. Lo que no vale es meter la cabeza debajo del ala y negar que existe un problema y dar patadas adelante y cuando viene el problema llevarnos las manos a la cabeza. Hablamos de empresas energéticas con una capacidad y una musculatura financiera y de capital inmensa y hay que tratar de buscar inversiones alternativas en las zonas donde estas empresas desaparecen. Si se hace con tiempo, se pueden buscar empresas o sectores alternativos.

Las deslocalizaciones constituyen otra amenazada real del mundo globalizado como se ha podido ver en Castilla y León con Lauki o Vestas. ¿Cómo evitar que campen a sus anchas sin consecuencias?

Algunas empresas industriales están haciendo abusos de poder en la toma de algunas decisiones. Ese abuso hay que contrarrestarlo desde el poder público, que tiene muchísimas capacidades. Hay que condicionar cualquier tipo de ayuda al sostenimiento del empleo o bien a la generación de inversiones alternativas. El Estado tiene mucha más capacidad de lo que parece. Muchas de estas empresas concurrirán de nuevo en España y el Estado tiene capacidad para no asumir chantajes y buscar una negociación mucho más equilibrada con este tipo de empresa. Durante mucho tiempo la lógica de la intervención pública ha sido la contraria, vamos a limitar cualquier tipo de control y de condicionamiento para atraer la inversión.

¿Europa tendría que decir mucho en todo esto?

O esto va ligado a una política integral en Europa de salvaguarda de la industria o vamos a tener un problema, porque un país con una industria limitada, si actúa solo tendrá serios problemas. La UE debe condicionar las inversiones, porque no pueden entrar sin ningún tipo de cortapisas. Los tratados de libre comercio deben contemplar esto, porque sino el poder público acaba siendo absolutamente subsidiario de las decisiones de inversiones y desinversiones del capital. Hay que armar una política industrial integrada en Europa para salvaguardar la industria europea. Europa debe jugar un papel de desarrollo industrial no solo en los segmentos de alto valor añadido sino también de medio alto, porque ahí nos jugaremos buena parte del empleo.

¿Cómo valora la apuesta central de Castilla y León por la industria como sector básico para el futuro económico?

Es un buen enfoque del sindicato de la Comunidad, con una experiencia de Diálogo Social bastante interesante, ligada mucho al sostenimiento del empleo industrial y de detección de alarmas cuando hay problemas en las empresas para abordarlos desde una visión integral desde el poder público. Uno de los grandes problemas económicos de España y que explica buena parte de la crisis, es que tenía un aparato productivo demasiado débil. Debe haber una apuesta estratégica en este terreno. Debe haber una auténtica política industria que durante muchos años en España ha estado totalmente desaparecida.

¿Será básico el papel de la industria para evitar que autonomías como Castilla y León se conviertan en un desierto demográfico?

La fijación de la población al territorio es clave en una tierra como ésta donde prácticamente el medio rural se ha desertizado. Es preciso desarrollar una industria endógena propia en el ámbito concreto del territorio, desde lo cercano se puede desarrollar este tipo de políticas, que no tienen que ser incompatibles con la gran transformación que se está produciendo ya en el sector con la digitalización, que supone un salto disruptivo que afecta a todo. El sector industrial no es solo la gran industria. Se pueden desarrollar sectores productivos ligados al terreno, a la transformación, sobre todo dentro del sector agrolimentario, que en toda España tiene un déficit evidente. Hay territorios en España que son productores mundiales en agrolimentaria y la transformación prácticamente se deriva fuera.

¿Cómo hacer frente a los nuevos retos de la economía 4.0?

Organizar las transiciones en el empleo requiere de un sistema de FP más potente, que es un gran reto que tiene los poderes públicos. Desarrollar un sistema integral de FP capaz de prever los cambios, la forma de trabajar y las tecnologías hará que el conjunto de trabajadores puedan acceder a una formación permanente que haga frente a esos retos. Pero con previsión, no cuando ya esté el lío montado. Eso requiere de políticas de prospección industrial y ahí tenemos un papel muy importante que jugar. Además, la I+D+i debe ir acompañada de una inversión pública mucho más potente, tras el recorte demencial durante la crisis.

¿Cómo se contempla desde fuera el proceso de Diálogo Social de Castilla y León?

El Diálogo Social de Castilla y León tiene aspectos que lo hacen particularmente interesante. Sobre todo porque se ha metido en algunas políticas industriales que me parecen más importantes para impulsar. No se ha limitado a hacer planes de empleo, a las típicas políticas de orientación laboral, sino que han entrado a abordar la situación de empresa en crisis, con la Fundación Anclaje; a sustituir el modelo de flexibilidad externa de contratación temporal y despido, por modelos de flexibilidad interna pactada, con algún tipo de prestación pública que evite los despidos. Hay algunos elementos que tienen bastante interés en el marco del Diálogo Social autonómico. Me parece un modelo bastante a tener en cuenta.

Algunas voces consideran que es un error pactar tanto con un Ejecutivo de 'derechas', porque deja sin argumentos a la oposición….

A nosotros nos toca interlocutar con lo que hay, con la institución, gobierne quien gobierne, y con la patronal de turno. Es parte de la autonomía del sindicato. Igual en Castilla y León no se ha entendido muy bien un Diálogo Social tan continuo con gobiernos del PP, pero es que son los gobiernos que ha puesto la ciudadanía.

¿Cómo valora que en esta Comunidad se haya logrado regular con un ejecutivo del PP un Consejo Asesor de la Memoria Histórica?

Me parece bien y necesario que se aborde. No se si es por una especial configuración del partido gobernante aquí o por alguna de las personas que lo dirigen hasta ahora que es un poco verso libre en estos temas, pero en cualquier caso me parece una iniciativa importante. La derecha está enfocando el tema de la memoria histórica como con una especie de culpa. No acabo de entender que alguien que se considere demócrata, que esté hablándote de los valores de la Constitución y de los enormes valores de la Transición luego tenga algún problema en reconocer lo que en cualquier país de nuestro entorno se reconoce abiertamente: Que en España hubo una dictadura de 40 años, con un dictador que asesinó y torturó. Estamos hablando de llamar a las cosas por su nombre y reconocer que hubo gente perseguida y torturada y que esto debe formar parte del bagaje histórico de este país, para evitar cualquier tipo de reproducción de estas dinámicas. No se trata de abrir heridas pero no puede haber en un estado democrático de Europa en 2018 un mausoleo a un dictador genocida.

Hablando ahora de sus relaciones bilaterales con la patronal CEOE-Cepyme, ¿qué está ocurriendo cuando ustedes firman un acuerdo de negociación colectiva en Madrid, que se traslada a Castilla y León, y las provincias cuando lo negocian no lo consideran vinculante?

No parece muy serio que una patronal como CEOE-Cepyme, que firma un acuerdo, sale explicando ese acuerdo, habla de los 14.000 euros como una necesidad del país y de repente te encuentres con patronales como la de Castilla y León y de otros territorios, que a veces de forma abierta y otras de forma más subterránea dicen que no están por la labor de aplicar el acuerdo. Algo se tiene que hacer mirar CEOE-Cepyme si esto está así

Pero es que las críticas de los sectores económicos al alza de los sueldos hasta los 1.000 euros en 2020 y al SMI de 900 euros acordado entre PSOE y Podemos arrecian….

Me parece bastante indigno que alguien ahora se lleve las manos a la cabeza cuando se dice que se van a negociar los convenios colectivos con una subida de entre el dos y el tres por ciento con una salario mínimo en convenio de 14.000 euros, con el ejercicio de corresponsabilidad de los trabajadores durante la crisis y su enorme devaluación salarial, sobre todo del diez por ciento de los sueldos más bajos, que han caído un 21 por ciento en España. Creo que es una falta de confianza en las propias capacidades del país y de algunas empresas por parte de las patronales. Que una empresa no esté en disposición de pagar el nuevo SMI en España….habría que mirarse qué tipo de tejido productivo estamos generando.

¿Entiende que esa críticas representan al conjunto de las empresas?

Creo que no, solo es marginal. Es un perfil de empresas que posiblemente no tengan mucho recorrido, porque al que puede pagar 850 euros y no 900 no le auguro mucho futuro. Que las patronales territoriales cojan esa bandera del peor perfil de empresa de España para determinar su política general, ¡joder! cuando estamos hablando de inversión 4.0, de tecnología, de nuevas formas de funcionamiento.... No me parece un discurso de recibo.

¿Puede impactar en el dinamismo económico esta medida como se afirma desde el mundo empresarial?

El acuerdo de los 14.000 euros o la subida del SMI, es una cuestión de justicia redistributiva, pero también de eficacia económica. España tienen un problema de eficacia económica que necesita resolver por la mejora de la demanda interna, entre otras variables. Es una falsedad que los salarios respondan a la oferta y la demanda, a la productividad. Eso no es verdad. Se pagan así porque ha habido una legislación laboral que ha debilitado a la parte negociadora de los trabajadores y ha provocado que se devalúen.

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