La trama Enredadera intentó aterrizar en Aranda a través del alcalde de Villaquilambre

Manuel García y Máximo López Vilaboa, en sus escaños de las Cortes./G. Villamil y A. Mingueza
Manuel García y Máximo López Vilaboa, en sus escaños de las Cortes. / G. Villamil y A. Mingueza

El regidor leonés, compañero de escaño en las Cortes del concejal arandino de Tráfico, avaló a Gespol y el sumario refleja que le dijo que era una «empresa de puta madre»

Susana Escribano
SUSANA ESCRIBANO

«Es un San Andrés del Rabanedo a lo bestia, un San Andrés por tres... Son 'treintaipico' mil habitantes y no tienen un puto 'foto rojo', no hay un puto radar, no hay un puto de nada... Vamos a por el pack completo», afirman sobre Aranda de Duero el empresario Ángel Luis García, alias el Patatero, y el directivo de Gespol, Roberto Legazpi en una de las conversaciones telefónicas intervenidas en el marco de la operación Enredadera.

La trama para amañar contratos municipales relacionados con gestión y «pacificación» del tráfico, pero también con recogida de residuos, alumbrado o calefacción, intentó desembarcar en la localidad burgalesa y utilizó para preparar ese aterrizaje al alcalde de Villaquilambre, localidad que junto con León, San Andrés del Rabanedo, Astorga y la comarca del Órbigo centran buena parte del amplio sumario en Castilla y León. Ese regidor, Manuel García Martínez, es procurador del PP en las Cortes de Castilla y León y compañero de bancada de Máximo López Vilaboa, concejal de Tráfico, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento arandino, además de encargarse del área de Servicios Sociales, Mujer e Igualdad. Este último aseguró que la gestión del tráfico en esa localidad sigue siendo eminentemente pública y que las firmas que nutren la operación Enredadera no trabajan con el Consistorio.

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Las transcripciones de varias conversaciones que en octubre de 2017 mantuvieron Legazpi y el Patatero y que los responsables de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han remitido al juez reflejan las altas aspiraciones que tenían respecto a Aranda de Duero y cómo utilizaron la relación que García Martínez mantenía en el hemiciclo autonómico con López Vilaboa como carta de presentación. «Lo paró en las Cortes (Máximo López a Manuel García) y le dijo oye me han venido a ver unos señores, una multinacional y tal y tal, y le dijo Manolín que éramos muy buenos, muy grandes y muy bonitos y que lo hiciera con nosotros», relata Ángel Luis García Martín al directivo de Gespol, al que aclara que los dos aludidos son «diputados» y «tienen uno el sillón al lado del otro». En un momento de la conversación yerran con el cargo del arandino y creen que «Maxi» es el alcalde.

«Montar» una reunión

Roberto Legazpi está al tanto de la intermediación del alcalde de Villaquilambre y procurador del PP y lo expone de forma más contundente aún que el Patatero: «Nos va a montar una reunión con el alcalde para cerrar... Manolín le dijo que éramos una empresa de puta madre y bueno, mintió todo lo que pudo», concluye, según reflejan los agentes, «entre risas».

Los implicados enviaron a Aranda de Duero a una tal Pilar, según consta en el sumario, a reunirse con Máximo López Vilaboa, con el encargo de ofrecerle un proyecto que incluía radares, semáforos con cámara de 'foto rojo', mediciones de tráfico y a interesarse por la zona azul. Ángel Luis García reconoce que el contrato puede ser lo suficientemente sustancioso como para no dejarlo en manos de subalternos y pide a Roberto Legazpi que se desplace en persona «para hablarlo con el alcalde», desconociendo en ese momento que Aranda de Duero tiene alcaldesa,Raquel González.

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