El CES recomienda aclarar el funcionamiento del Registro de Mercados de Productos Agrarios y de Mesas de Precios de Castilla y León
La institución propia emite un informe previo sobre el Proyecto de Decreto de mercados de productos agrarios en origen, lonjas y mesas de precios, que «aportará transparencia a las relaciones contractuales»
Lunes, 21 de junio 2021, 09:39
El Consejo Económico y Social (CES) recomienda a la Junta aclarar el funcionamiento del Registro de Mercados de Productos Agrarios y de Mesas de Precios de Castilla y León, creado en la Ley Agraria de 2014, un ente imprescindible para la inscripción y reconocimiento de este tipo de establecimientos, tal y como traslada el organismo autónomo en un informe previo elaborado sobre el Proyecto de Decreto de mercados de productos agrarios en origen, lonjas y mesas de precios que, reconoce el organismo autónomo, «aportará transparencia a las relaciones contractuales».
Según pudo conocer la agencia Ical, el CES afea que «se han encontrado meras referencias a este Registro» en decretos u órdenes de estructura de la Consejería de Agricultura. Es por ello que «se encontraría creado, pero carecería de funcionamiento o eficacia real en tanto no se encuentran regulados los aspectos relativos a su organización, funcionamiento o procedimiento de inscripción, por lo que resulta dudoso que se haga depender el reconocimiento como mercados de productos agrarios en origen de referencia de Castilla y León y como lonjas de referencia de la previa inscripción en tal Registro».
Economía circular
El Consejo Económico y Social (CES) pidió estudiar el impacto presupuestario de las medidas integradas en la Estrategia de economía circular de Castilla y León 2021-2030. Así lo establece en el informe previo sobre el borrador de este documento, del que afea que «no se valora» la capacidad financiera del contenido propio de las medidas a desarrollar, «ni siquiera una referencia a su indefinición o falta de concreción», ya que la Junta señala que «se llevará a cabo» con los propios recursos internos.
Entiende el CES que ante este escenario, el planteamiento de dotación de las medidas «tendrá lugar necesariamente en función de las disponibilidades presupuestarias de cada anualidad y de la discrecionalidad a la que estén sujetas las mismas». En el momento actual, en el que se están definiendo las actuaciones enmarcadas en los Fondos Next Generation, «se debería impulsar alguna línea dentro del Programa de Desarrollo Rural que fomente la economía circular, pero no incluir de manera genérica la economía circular como un criterio para priorizar y valorar la selección de proyectos».
En este sentido, el CES consideró «absolutamente imprescindible» aclarar esta cuestión o, «de no existir regulación relativa al Registro, que «tal orden de desarrollo se dicte inmediatamente tras la entrada en vigor como Decreto del Proyecto que se informa o incluso antes del comienzo de dicha vigencia».
Transparencia en las relaciones contractuales
Entiende el Consejo que «es muy necesario, al ser ésta una cuestión nuclear» a los efectos regulados en el texto, teniendo en cuenta además que se interpreta que la inscripción en este Registro «es tanto causa, como puede ser consecuencia».
No obstante, el CES sí considera que la aprobación de la norma aportará «transparencia» a las relaciones contractuales entre los distintos operadores de la cadena alimentaria, «contribuirá a estandarizar la organización interna de los mercados en origen y de las mesas de precios y redundará en la armonización del funcionamiento de los mercados en origen y de las mesas de precios para homogeneizar la información que ofrecen».
El Consejo admitió su «preocupación» por la «diferencia entre los precios en origen y destino» ya que, en ocasiones, éstos «se incrementan considerablemente cuando llegan a las personas consumidoras». Es por ello que la institución valora la «oportunidad» del Proyecto de Decreto como «instrumento para equilibrar la distribución de beneficios de la cadena de valor de los productos agroalimentarios, considerando que es necesario el establecimiento de indicadores para determinar los precios del mercado de una manera fiable».
Plan de recuperación europeo
El Consejo Económico y Social de Castilla y León emitió una resolución por la que manifiesta su voluntad de participar en el proceso de aplicación y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dadas sus funciones estatutarias con la Junta y las Cortes de Castilla y León, y como institución propia formada por organizaciones sindicales, empresariales, agrarias, de la economía social y de consumidores y usuarios. También esgrime el grupo de enlace y la experiencia de quien lo forman. Propone, en este sentido, la creación de cauces permanentes de participación y colaboración interinstitucional, según la resolución a la que tuvo acceso Ical.
Señala que con independencia de cómo se haya articulado la participación de las comunidades Autónomas y de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de ámbito estatal en el proceso de elaboración inicial del, el CES considera que en las fases subsiguientes de desarrollo, aplicación y evaluación «debe tener lugar una mayor participación tanto territorial como social». Por ello, afea que «no haya suficiente claridad sobre el sistema de gobernanza ni mecanismos adecuados para implicar a los interlocutores sociales y a la sociedad civil organizada en las fases de aplicación, seguimiento y ajuste del propio plan».
Uno de los aspectos a cumplir en el régimen de funcionamiento de las lonjas de referencia de Castilla y León es la forma de nombramiento de la persona moderadora de la mesa de precios, que «presentará, dirigirá y arbitrará el debate en cumplimiento de las directrices establecidas en sus estatutos o reglamento interno de la mesa de precios». En relación a ello, el CES destaca que «se pretenda garantizar tanto la neutralidad de sus actuaciones como la transparencia y veracidad de los precios orientativos, así como de otra información que surja del debate en la mesa de precios», pero insinúa que ese nombramiento de una persona con un «perfil profesional e independiente de los intereses de los diferentes operadores» conllevaría disponer de un presupuesto para que preste ese servicio, «lo cual resulta gravoso para las lonjas que deseen constituirse como de referencia».
